La Agencia Vasca del Agua (URA) y la Administración del Estado destinarán 464 millones de euros a diferentes obras y acciones que se han decidido en la revisión del Plan Hidrológico para la Demarcación del Cantábrico Oriental en sus cuencas internas para el periodo 2022-2027.Fuentes del ente dependiente del Gobierno vasco han indicado que además de este montante de dinero habrá que sumar “las inversiones de diputaciones forales y consorcios, que se integrarán durante el proceso de información y consulta pública”. Una cifra que, según las estimaciones iniciales, pueden alcanzar los cien millones de euros, con lo que la cantidad final a invertir en la salud de los cauces por parte del conjunto de las administraciones alcanzará un mínimo de 564 millones de euros.
En ese periodo de alegaciones referido está ahora mismo el documento, el cual está previsto que finalice en diciembre próximo. Durante estos seis meses, ayuntamientos, entes forales, asociaciones y ciudadanía en general podrán presentar escritos para mejorar el mencionado documentos técnico.
El Plan Hidrológico pretende establecer las directrices, normativas y medidas de actuación en materia hidráulica, en el ámbito de los ríos que desembocan en el mar Cantábrico y que concentra más del 85% de la población de Euskadi.
El Plan Hidrológico tiene su enjundia ya que acoge a su vez el documento que especifica qué medidas tomar en tiempos de sequía para reducir los impactos ambientales, económicos y sociales de hipotéticos episodios de sequías, tanto leves como graves, recordando todos los dos años sin agua de 1989 a 1991. También incluye los planes a activar para todo lo contrario, cuando los ríos se desbordan, como aconteció en agosto de 1983 en Bizkaia.
Unas previsiones con criterios y actuaciones en materia de prevención y que especifican la programación hasta 2027 de las inversiones que eviten o minimicen las avenidas fluviales.
Los 464 millones a invertir se dividen en cuatro programas: Casi el 60% del presupuesto se irá en los trabajos necesarios para el cumplimiento de los objetivos medioambientales al prever un gasto de 263,3 millones de euros. Aquí se incluyen, por ejemplo, iniciativas como la restauración de cauces de ríos y paliar el déficit de infraestructuras básicas existente en materia de abastecimiento y saneamiento, actuaciones estas últimas a las que también aportarán dinero las tres diputaciones forales y los consorcios de aguas de los tres territorios.
Las actuaciones de seguridad para afrontar los fenómenos extremos de ausencia de lluvia y de inundaciones se llevarán 104,5 millones, (23%), mientras que la atención a las demandas y la racionalidad del uso y la gobernanza y conocimiento supondrán un desembolso de 63,6 y 32,6 millones de euros durante el lustro descrito.
El documento también recoge cuánto dinero se aportará por cada entidad de los mencionados 464 millones. En concreto, 169,1 millones de euros llegarán del Gobierno de Madrid, 215,2 millones, de las arcas del Ejecutivo de Lakua, a través de URA, y 79,7 de otras administraciones.
El programa identifica también actuaciones que no podrán ser acometidas por diferentes motivos, en el horizonte hasta 2027. Es una cuantía de 481,12 millones de euros, correspondientes fundamentalmente a medidas responsabilidad de la Administración del Estado, relacionadas con atención de las demandas y seguridad frente a fenómenos extremos, cuya ejecución se trasladará a posteriores etapas de la planificación hidrológica.
El trabajo conjunto de URA y la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, el ente dependiente del Estado, ha permitido darle una vuelta a la nueva fase del Plan Hidrológico a ejecutar los próximos años.
Además de las actuaciones duras en obras, también se ha redactado de nuevo el documento con un texto “más transparente, manejable y sencillo”, indicaron fuentes de URA, de forma que sea más claro tanto para las entidades públicas como para la ciudadanía.
Otro elemento también de claridad es que se han incorporado equivalencias jurídicas entre la legislación del suelo y la regulación en materia de dominio público hidráulico.
Finalidad
Pretende establecer las directrices, normativas y medidas de actuación en materia hidráulica.
Medidas
Especifica qué medidas tomar en tiempos de sequía para reducir los impactos ambientales, económicos y sociales e incluye los planes a activar para todo lo contrario, cuando los ríos se desbordan.
