Bilbao - La estrategia diseñada y trasladada a las calles a finales de los años 80 del siglo pasado por un puñado de jóvenes con inquietudes fue un éxito total. Doce años les costó -desde 1989 hasta 2001- pero, al final, el servicio militar obligatorio quedó abolido para siempre. Gracias a su insistencia son muchas las generaciones de hoy en día que ni siquiera han oído hablar de la mili. Las protestas, manifestaciones y actos públicos para mostrar el descontento, la indignación y la disconformidad por el hecho de tener que incorporarse de forma obligatoria al Ejército español fueron claves para conquistar ese objetivo, impensable en el arranque del movimiento antimilitarista.

El precio único que muchos de aquellos 25.000 rebeldes con causa -12.000 de ellos censados en Euskal Herria- tuvieron que pagar fue una condena de prisión. Y algunos, como el basauritarra Luis García, tuvo que cumplir doce meses de cárcel por el simple hecho de haberse negado ante la autoridad militar competente a pasar un añito de su vida en un cuartel. “He estado en la cárcel sí -en la de Basauri- y se ha coartado una etapa de mi vida, pero es que yendo al servicio militar se nos coartaba a todos. Y por eso no pasábamos...”, enfatizaba ayer, treinta años después de que once chavales vizcainos -en otros puntos del Estado fueron 46- se personaran en las dependencias del Gobierno Militar de Bilbao para autoinculparse de querer ser ciudadanos libres.

“La protesta de hoy (por ayer) no es una conmemoración sino una reivindicación también porque todavía hoy tenemos que estar en contra de los ejércitos. Es una reivindicación. Conseguimos acabar con el servicio militar obligatorio, pero los ejércitos siguen existiendo”, insistía en declaraciones a DEIA. Incluso a su propio padre le costó asumir que su hijo no quisiera hacer la mili. “Para él fue un trago durísimo... ¿Y al final sabes qué? Pues que acabó reconociendo que los ejércitos no tienen razón de existir”, comparte Luis García. “La realidad de estos últimos años -apuntaban en la manifestación de ayer- nos ha demostrado que el ejército profesional es una lacra social que denunciamos a través de la insumisión y seguimos denunciando en la actualidad”.

Cuando repasa aquellas fotografías en blanco y negro una sensación ronda la cabeza de este insumiso: el valor de la movilización social. Unos pocos contagiaron a unos muchos y consiguieron extirpar del sistema una herencia intolerante. Tenían motivos para hacerlo y datos sobre los que respaldar su estrategia. Desde la puesta en marcha de Ley de Objeción de Conciencia en 1984 hasta 1988 unos 20.000 jóvenes se declararon objetores. El paso siguiente fue la insumisión. “Los datos nos daban fuerza” ilustraba García, y la sociedad supo resolver aquella ecuación.