Donostia - La Abogacía del Estado ha solicitado la suspensión de la consulta sobre la celebración de las corridas de toros en espacios municipales, convocada por el alcalde de Donostia, Eneko Goia, para el 19 de febrero. La suspensión sería una medida cautelar derivada del recurso interpuesto por el mismo organismo en contra de la consulta sobre las corridas, ya que se prevé que la decisión definitiva de los jueces sobre la legalidad de la pregunta a los ciudadanos no llegará antes de la fecha prevista para su celebración. La concejala de Participación Ciudadana, Duñike Agirrezabalaga, anunció ayer que tanto la presentación del recurso como de la petición de suspensión cautelar eran “lo esperado” por el Ayuntamiento de Donostia. De cualquier modo, anunció que el Consistorio pedirá a los tribunales que no acepten la suspensión cautelar de la citada consulta y que permitan que se lleve a cabo.

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento consideran, a diferencia de la Abogacía del Estado, que la pregunta convocada por Goia es de “interés municipal” ya que se refiere a la gestión de “los propios equipamientos” del Consistorio. Asimismo, rechazan el argumento de que la ciudad de Donostia interfiera en una competencia exclusiva del Estado.

Para el Ayuntamiento de Donostia, “la relevancia del interés municipal se hace patente por cuanto el desarrollo e impulso de los instrumentos de participación de la ciudadanía en la gestión municipal deriva de un principio democrático, además de un mandato legislativo”. La consulta, subrayan los servicios jurídicos, “solo tiene un carácter consultivo y su resultado en modo alguno afecta a ningún título competencial estatal”.

De cualquier modo, y ante la avalancha de recursos presentados por la Abogacía del Estado contra distintas normativas, y como el reglamento en el que se basa la consulta convocada sobre los toros ya ha sido anulado por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (una anulación recurrida al Supremo), el Ayuntamiento tiene previsto un plan B para poder preguntar a los donostiarras si consideran o no adecuado celebrar corridas de toros en Illunbe u otros espacios municipales. De hecho, el pasado mes de julio la Junta de Gobierno dio su aprobación a un nuevo articulado de consultas populares, con algunas diferencias con el anulado como, por ejemplo, que la edad de los participantes no es de 16 años como mínimo sino de 18. Este reglamento alternativo sigue en la actualidad su tramitación.

El recurso presentado por la Abogacía del Estado contra la consulta sobre los toros fue presentado el 29 de agosto. Según afirma, la convocatoria del alcalde se ha llevado a efecto sin haber pedido “con carácter previo, la preceptiva autorización del Gobierno de la nación y sin que haya sido aprobada previamente por el pleno de la Corporación”. Asimismo, la Abogacía del Estado considera “incuestionable” que las consultas ciudadanas deben ser autorizadas por el Gobierno.

Entre los argumentos empleados por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para anular el Reglamento de Consultas Ciudadanas, en el que se basa la convocatoria de la pregunta, se encuentra la afirmación de que el texto es una copia de la Ley Catalana 10/2014 y de que trata de camuflar los referéndums decisorios con simples consultas a los ciudadanos.