Gasteiz. El Gobierno vasco se hará cargo de los Puntos de Encuentro Familiares a partir de enero, según anunció ayer la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta. La líder socialista compareció ante el Parlamento para explicar el futuro inmediato de los puntos de encuentro familiares (PEF), que permiten que los hijos de las parejas que se han separado de una manera traumática puedan reunirse con el progenitor que no tiene la custodia y seguir manteniendo la relación, siempre bajo la supervisión de los profesionales. El juez es quien deriva los casos al punto de encuentro.

A partir del próximo mes de enero, los PEF de derivación judicial pasarán a ser de titularidad pública, es decir, del Gobierno vasco. Hasta ahora han venido funcionando dos PEF en Gipuzkoa, ambos de titularidad privada; uno Portugalete, dependiente del Ayuntamiento; otro en Bilbao, gestionado por la Diputación; y otro más en Gasteiz, también de titularidad municipal. El Gobierno vasco se hará cargo de esos tres últimos centros de carácter público mediante una encomienda de gestión con las respectivas instituciones de las que ahora dependen, precisó Zabaleta.

En los centros de Gipuzkoa, al ser de titularidad privada, el Gobierno ha optado por poner en marcha su propio servicio, que comenzará a funcionar el próximo enero en un local propiedad del Ejecutivo en la calle Larramendi. Igualmente, se ha previsto habilitar un espacio con mayor capacidad en el barrio de Intxaurrondo.

Zabaleta confirmó, asimismo, el inicio de un trabajo técnico de coordinación en el que están implicados el Sistema de Justicia, Seguridad Ciudadana de la Ertzaintza y la Dirección de Atención a Víctimas de Violencia de Género. El objetivo de esa cooperación es elaborar protocolos de derivación homogéneos para todos los puntos de encuentro de la CAV.

Está previsto que el despliegue de centros continúe en 2011, si bien estará supeditado a criterios de población y de dispersión "fiables y homogéneos".

Sobre la situación específica de los puntos de encuentro que la Asociación Kidetza mantenía en Irun y Donostia (entre los dos atendían a alrededor de 60 casos), cerrados desde el 1 de diciembre, Zabaleta explicó que ante el cierre el Gobierno vasco inició los trámites para abrir con urgencia un Punto de Encuentro Familiar en esta última población.

Así, el pasado día 2 de diciembre se puso en marcha el servicio en el edificio de propiedad municipal Morlans (Alto de Errondo nº 2).

Se ha previsto que este Punto de urgencia dará servicio a los casos de derivación judicial atendidos hasta la fecha en Irun y Donostia. Además, desde el Juzgado de Donostia se ha informado a todos los partidos judiciales de Gipuzkoa de su apertura y de la posibilidad de derivar casos al mismo.

Zabaleta aseguró que la Asociación Kidetza se encuentra pendiente de una auditoría económica, solicitada por el anterior Gobierno y activada por el actual, dado que existían dudas sobre la correcta gestión económica. En concreto, las horas de actividad que presentaron en su memoria no coinciden con la justificación de las nóminas abonadas a la plantilla. Kidetza recibió en el año 2008 una subvención del Gobierno de 145.750 euros para el funcionamiento de los Puntos de Encuentro y de 160.374 euros para el ejercicio 2009.

La consejera recalcó que el Gobierno vasco no ha adoptado ninguna decisión sobre el cierre o continuidad de los puntos de encuentro de Kidetza, ya que son de titularidad privada. Lo único que ha hecho es actuar con celeridad ante el anuncio de la asociación de que iban a cerrar.

"Kidetza deberá valorar la continuidad o no de su programa más allá del 31 de diciembre de 2009. En estos momentos, el Departamento no podría, aunque quisiera, comprometerse a ninguna subvención en 2010 por cuanto la convocatoria aún no se ha hecho pública", concluyó la consejera.