El presidente de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, la eurodiputada republicana Diana Riba y el abogado Andreu Van den Eynde han presentado hoy querellas por el espionaje "político" sufrido a través del sistema Pegasus, y en breve lo harán más dirigentes del partido, como la secretaria general, Marta Rovira.
Según un comunicado de la formación, Van den Eynde ha presentado hoy martes una querella en nombre de Jové y Riba, y una también en nombre suyo, en el juzgado de guardia de Barcelona, con requerimiento de que las causas se remitan y acumulen a las ya abiertas en el juzgado de instrucción número 32 de Barcelona.
Como ya se anunció hace días, los republicanos han decidido ampliar la acción legal contra la empresa israelí NSO, propietaria del sistema de ciberespiobaje, solicitando además que la investigación se centre en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) del Estado español.
Las querellas remarcan la "gravedad de un espionaje de carácter político, no solo contra los derechos fundamentales al secreto de las comunicaciones y a la intimidad, sino también a los derechos inherentes al secreto profesional de los que disfrutaba el abogado y a la inmunidad parlamentaria que asistía a la eurodiputada".
El objetivo de la denuncia es permitir descubrir los hechos ocurridos en su integridad, desde el alcance de la información sustraída a las víctimas, la finalidad con la que ha sido tratada y dónde se almacenaba, como también la identidad de los autores.
El juzgado número 32 de Barcelona es donde ya están en curso las querellas presentadas hace dos años por el entonces presidente del Parlament y actual conseller de Empresa, Roger Torrent, y el líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona y diputado, Ernest Maragall, tras hacerse público su caso de espionaje.
Según Esquerra, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, presentará una acción penal en Suiza por el espionaje sufrido en territorio de ese país; también el eurodiputado Jordi Solé prevé presentar en breve una querella en su nombre, a falta de presentarse también otras acciones legales de los miembros de ERC que forman parte del gobierno de la Generalitat, las cuales se decidirán desde el propio Ejecutivo catalán.
