Las declaraciones del comisario jubilado José Manuel Villarejo en las que vinculó los atentados de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils (Tarragona) con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) causaron un hondo impacto. Ahora, las instituciones de Catalunya han tomado la iniciativa y han impulsado diversas medidas para que se investiguen las implicaciones de dichas palabras y, en su caso, exigir responsabilidades.
De este modo, mientras la Mesa del Parlament ha presentado una denuncia ante la Fiscalía en la que pide que se investiguen las insinuaciones vertidas por Villarejo en sede judicial, el Govern de la Generalitat acordó ayer mismo instar al Gobierno español a abrir una comisión de investigación para aclarar estas “gravísimas acusaciones”.
En la sesión del juicio por el caso Tándem celebrada el pasado 11 de enero, el policía jubilado apuntó a posibles vínculos entre el CNI y los atentados con el fin de dar un “susto” a Catalunya. En concreto, explicó que colaboró con el CNI para “intentar arreglar el entuerto del famoso atentado del imán de Ripoll, que al final fue un error grave del señor Sanz Roldán, que calculó mal las consecuencias por darle un pequeño susto a Catalunya”, en referencia al exdirector de los servicios de espionaje españoles.
La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, explicó ayer martes en rueda de prensa que el gabinete jurídico de la Generalitat estudió el recorrido de una posible acción legal, pero concluyó que Villarejo, como parte de la causa, podría acogerse al derecho de defensa y, por lo tanto, “tendría derecho a poder mentir o no declarar”. Es por ello que el Ejecutivo de Pere Aragonès consideró que “la forma más válida, útil y más eficiente” es la vía de reclamar una comisión de investigación al Gobierno de Pedro Sánchez, según Plaja.
Ley de secretos
En contraposición, desde el Parlament se ha optado por acudir a la Fiscalía, como se acordó ayer martes en la reunión de la Mesa, con el respaldo de ERC, JxCat y CUP. El PSC argumentó, por su parte, que ya ha habido una comisión de investigación en la Cámara catalana al respecto, según fuentes parlamentarias citadas por Efe. La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ya anunció la semana pasada su intención de encargar esta denuncia a los servicios jurídicos de la Cámara.
El Ejecutivo de Aragonès pidió además, en su reunión semanal en el Palau de la Generalitat y a instancias del Departamento de Justicia, que el presidente Pedro Sánchez informe del curso de las investigaciones en sus reuniones bilaterales con el president catalán. Exigió además la modificación de la ley de secretos oficiales para reducir los plazos de las materias reservadas.
La Generalitat propone, concretamente, que la ley de secretos oficiales reconozca expresamente la facultad del Congreso, del Senado y de los tribunales para tener acceso a la información que consideren necesario reclamar. “El Gobierno ha de ser el primer interesado en borrar cualquier sombra de duda que planee” sobre esta cuestión, dijo la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo.
Investigación de los Mossos
A pesar de que los Mossos d’Esquadra, que investigaron los ataques junto a otros cuerpos policiales, han descartado siempre la presunta conexión con el CNI, Plaja argumentó que la “novedad” que suponen las palabras de Villarejo representa un “hecho nuevo que no se había puesto sobre la mesa”. El mismo justifica además el paso dado por el Govern, sin que eso ponga en duda el “excelente trabajo” hecho por los Mossos “con el mayor Josep Lluís Trapero al frente”. “Se debe desvanecer cualquier sombra de duda”, insistió.
“Se debe desvanecer cualquier sombra de duda y el Gobierno debe ser el primer interesado”
Portavoz del Govern catalán
