El juez del caso Púnica, Manuel García Castellón, ha puesto fin a la instrucción de cuatro de las nueve piezas que quedaban abiertas, si bien ha acordado seguir investigando en la presunta financiación irregular del PP madrileño, cuya principal protagonista es Esperanza Aguirre. El magistrado de la Audiencia Nacional, debía decidir qué hacía con las nueve líneas de investigación que quedaban abiertas del caso que estalló a finales de 2014 con la detención del exconsejero madrileño Francisco Granados y casi una decena de alcaldes de municipios de la comunidad. Ante esta tesitura, el juez ha decidido extender las pesquisas de cinco piezas y poner fin a la investigación de cuatro.Castellón ha optado por terminar las investigaciones sobre la trama valenciana, los contratos de eficiencia energética y las adjudicaciones menores en Valdemoro y otros municipios, obteniendo así más tiempo para seguir indagando en los demás casos. También ha cerrado la investigación sobre la presunta contratación irregular de empresas vinculadas a la trama para la organización de las fiestas patronales de diversos municipios, unos hechos por los que han sido procesados el exconsejero de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, el exsenador y exdiputado de la Asamblea de Madrid, David Erguido y otras trece personas, entre las que se encuentran varios exalcaldes.
SE PRORROGAN
Por contra, el juez continuará investigando la presunta caja B del PP de Madrid, con la que financió las campañas electorales de 2007, 2008 y 2011 gracias a donaciones empresariales. La expresidenta Esperanza Aguirre e Ignacio González son los principales imputados.
El instructor ha decidido prorrogar también la pieza que investiga la etapa de Granados como consejero de la Comunidad de Madrid, responsabilidad que ocupó entre 2003 y 2011, fijando la nueva fecha dentro de seis meses: el 29 de enero. Castellón aún debe recibir los informes periciales del Ministerio de Fomento y la Agencia Tributaria, así como el referido a la adjudicación y las incidencias en la ejecución del contrato para construir el Centro Cultural de Bustarviejo.
La pieza centrada en los hechos referentes al urbanismo en Valdemoro también se ha dilatado hasta el 29 de enero ya que el magistrado está a la espera de recibir la información solicitada al consistorio, un informe catastral y “los expedientes completos de las actuaciones urbanísticas indiciariamente ilícitas”.
De la misma forma, la pieza sobre las comisiones que habría pagado la empresa Alfedel a cambio de gestionar varios colegios concertados de la Comunidad de Madrid, se ha dilatado medio año hasta el 29 de enero. En este caso, el juez espera recibir informes de Hacienda y los anexos de los que ya obran en su poder.
Por último, en la pieza 12, dedicada al presunto blanqueo de capitales -que inicialmente se investigó en la 4-, la instrucción continuará otro medio año porque todavía están pendientes cinco declaraciones y diligencias relativas a una presunta sociedad instrumental en Costa Rica que habría recibido fondos desde Mónaco para transferirlos después a las Islas Mauricio.
Adjudicaciones a dedo
Las pesquisas de la Púnica arrancaron en 2014 tras el hallazgo de una agenda de su exconsejero regional Francisco Granados, considerado el cabecilla de Púnica, en la que pueden leerse unas siglas, que corresponderían a donantes, junto a unas cantidades de dinero. Su actividad se centró en la Comunidad de Madrid, pero también se habría extendido a otros puntos de la geografía española, con tramas autóctonas en León, Murcia y Valencia. En 2014 fueron detenidas más de 50 personas, entre políticos, funcionarios y empresarios, como miembros de una trama de corrupción que habría otorgado contratos públicos por valor de 250 millones de euros al menos desde 2012 en la Comunidad de Madrid.
De acuerdo con el relato judicial, mientras los responsables políticos y administrativos hacían adjudicaciones a dedo, los empresarios beneficiados por ello les pagaban comisiones ilegales que se blanqueaban mediante un entramado societario. El entonces juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco investigó los hechos como un todo hasta que en 2015 decidió trocear la causa para profundizar en los actos delictivos diferenciados que fue observando. En 2017 tuvo que dejar la instrucción del caso porque le ascendieron a la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, y fue el juez Castellón quien se hizo cargo de Púnica.
