"LAS relaciones entre ERC y Junts son incluso peores que en la anterior legislatura”. El pálpito que hace un mes trasladaba la diputada de la CUP Eulàlia Reguant no era casual ni partidista. Curiosamente, ha sido la fuerza antisistema la encargada de encauzar el divorcio entre las dos fuerzas mayoritarias del soberanismo para evitar que implosione el escenario con nuevas elecciones, salvar a priori el arranque de la legislatura y emplazarse para más adelante en cuanto a la definición de la estrategia independentista. En definitiva, para mantener a flote el procés. Las tensiones entre Esquerra y JxCat son propias de un docushow donde, a menudo, es difícil encontrar las certezas y solo afloran los recelos, personalismos y cuentas pendientes. Qué mejor que una adaptación al eslogan televisivo de moda, Contar la verdad para seguir vivos, para hacer un recorrido desde el instante en que se torció el matrimonio -el noviazgo con la antigua Convergència ya tuvo lo suyo- hasta ahora en que, tras lanzarse varios órdagos en las negociaciones para formar Govern, el horizonte del Ejecutivo que pueda presidir Pere Aragonès no parece halagüeño. Ayer seguía el bloqueo, con algunas encuestas previendo el alza del PSC.
No es la primera vez que saltan chispas. Ocurrió el mismo 27-O de 2017, día de la declaración unilateral en que el portavoz republicano en el Congreso, Gabriel Rufián, insinuó que Carles Puigdemont iba a traicionarles. “155 monedas de plata”, escribió en su Twitter. Aún no se habían producido ni los comicios del 21-D, ni el cambio de acera de los republicanos hacia el posibilismo, pero ya se había acuñado la necesidad de implementar el mandato del 1-O, varios dirigentes, incluido el president, ya estaban en el exilio y otros pisarían la cárcel donde aún se hallan presos por la causa que les condenó por sedición.
La primera gran crisis llegó en enero de 2018, cuando Roger Torrent se negó a investir telemáticamente a Puigdemont. Las advertencias del Tribunal Constitucional llevaron al presidente del Parlament a desconvocar el pleno de investidura previsto para esa fecha, germen de las posteriores desavenencias entre los socios y que se extendió también a las cuitas que tuvo el republicano con varios miembros de JxCat durante su periplo en la Cámara, por ejemplo, con el entonces vicepresident de esa institución, Josep Costa.
Tras los fallidos intentos de investir a Jordi Sànchez y Jordi Turull, Quim Torra acabaría al frente de la Generalitat en mayo de 2018, alumbrando el bipartito. Solo cuatro meses después se produjo otra quiebra con la suspensión como diputado del exiliado en Waterloo por orden del Supremo. La situación se recondujoacordando mantener viva la legislatura hasta la sentencia del 1-O. El fallo, publicado un año después, produjo otra sima. Esquerra se pasó meses sugiriendo que la mejor reacción pasaba por ir a elecciones ante su ventaja en los sondeos y después no dudó en debilitar al president afeando la actuación de los Mossos por las cargas en las protestas contra la Justicia.
El seísmo definitivo tuvo lugar en enero de 2020, cuando Torrent acató la orden de la Junta Electoral Central de retirar el escaño a Torra por no descolgar en campaña los lazos amarillos de las instituciones públicas. De nada sirvió que ERC ofreciera al president continuar votando simbólicamente y blindar su condición de jefe del Ejecutivo hasta que el Supremo resolviese su recurso y determinara si la inhabilitación era firme, como así ocurrió el pasado septiembre.
La pandemia que ha devastado Catalunya mantuvo el conflicto entre ambas formaciones arrinconado, pero la lucha entre los departamentos, incluido el de Salud, con el timón de la republicana Alba Vergès, también contribuyó a dejar encendida la llama de la discordia durante los meses de stand by después de que Torra convocara comicios ante la “falta de lealtad” del partido de Oriol Junqueras, que siempre ha manejado sus riendas desde la sombra, en prisión, como Puigdemont sus filas desde tierras belgas.
Y finalmente llegó el 14-F. Esquerra, que ha abogado por un nuevo marco de relaciones que evite airear en público las disputas, se impuso esta vez en el bloque independentista pero por solo un escaño de diferencia (33-32) y 35.600 votos, cuando antes Junts lo había hecho por dos asientos y unos 12.000 apoyos. Empate técnico que daba la vuelta al tablero del liderazgo pero obligaba a un nuevo Ejecutivo de fuerzas paritarias. El mayor respaldo nunca antes obtenido por el soberanismo, 52% de papeletas y una mayoría absoluta más amplia (74 escaños, incluidos los 9 de la CUP) no daba opción a la alternativa constitucionalista del socialista Salvador Illa, ni ERC estaba por un tripartito de izquierdas, como tuvo que firmar en un documento en la recta final de campaña.
Pese a que Aragonès no pudo ser investido en marzo, nadie apostaba por una tensión como la de esta semana última aunque las negociaciones se iban demorando sin llegar a buen puerto. No se cumplieron los plazos del día Sant Jordi ni del 1 de mayo. Hasta que el pasado sábado día 8 el líder republicano dio un puñetazo en la mesa y anunció la ruptura de las conversaciones de forma unilateral y que su objetivo era ya encabezar un Govern en solitario. Para entonces, Junts ya había amagado con pasar a la oposición, ceder cuatro votos para entronizar a su rival, y hasta por amenazar con urnas, algo que acabó haciendo Esquerra. El único punto de encuentro era la constatación de que repetir comicios sería “un fracaso colectivo de todo el independentismo” que podría dejarles desnudos de votos y con todos los puentes rotos.
el tutelaje de puigdemont
El papel del Consell per la República que dirige Puigdemont desde el exterior los separa, aunque, al parecer, han acordado dejarlo al margen de la negociación. Divergen también en la estrategia soberanista en el Congreso. “No aceptaré tutelas”, clamó Aragonès. Según Esquerra, Junts quiere que el Consell per la República marque el rumbo estratégico del procés y de su llamado estado mayor -formado por ERC, JxCat, la CUP, la ANC y Òmnium-. “No daremos los votos gratis”, advirtieron los posconvergentes. Días antes, y tras las cumbres en Lledoners, su secretario general, Jordi Sànchez, había afirmado sin embargo: “Que nadie se equivoque, JxCat no especulará ni jugará al cálculo de otras elecciones”. Junts ha ido más allá al acusar a ERC de pactar con el PSOE que ellos no entraran en el Ejecutivo a cambio de la concesión de indultos parciales a los presos, medida de la que Puigdemont no se podría beneficiar. ERC pide investir ya a Aragonès y dejar unos días sin nombrar el Govern a la espera de un pacto.
Sectores de Junts han cuestionado el papel de Sànchez y su rol predominante en la negociación. Los hay que prefieren urnas antes que un mal acuerdo y que, en caso de ir a la oposición, reivindican que ostentan la presidencia del Parlament, con Laura Borràs, y que serían años para ganar en estructura. También defienden el activo de Elsa Artadi. El bando más institucional apela al consenso, expresado por consellers como Meritxell Budó y Damià Calvet. No en vano, hay más de 200 cargos que han ocupado puestos en la Administración y se juegan el cargo. Desde ERC tienen la visión de que “cada vez que se acuerda algo y los presentes de Junts explican su contenido al mando del partido se produce un paso atrás”. “No somos la criada de nadie”, describió Rufián. Con el incendio en llamas y el edificio casi devastado, la CUP entró en juego para salvar los muebles. Hay daños en la estructura, no son pocas cosas las que han ardido y veremos el alcance de las quemaduras, y si el procés termina o no de abrasarse. Antes del 26 de mayo debería haber Govern. ¿Cómo y hasta cuándo?
Jordi Sànchez. Sectores del partido han puesto en cuestión su labor como máximo responsable de Junts en las negociaciones. Fue él quien dijo que el pacto estaba cercano o que cederían cuatro votos a ERC antes de tener que volver a las urnas. Discurso que fue luego corregido.
Laura Borràs. De ella señalan que la presidenta del Parlament usa su poder sobre las bases para defender su propia agenda. Se ha quedado al margen de las conversaciones dado su papel, reiterándose en que convocaría nueva sesión de investidura solo si Aragonès tuviera los apoyos.
Carles Riera. El diputado de la CUP fue el encargado de llamar a la mediación ante la necesidad de formar un nuevo Govern de “confrontación democrática con el Estado y con respuesta a la actual crisis social” con todas las fuerzas independentistas, y para validar el 52% de apoyo en las urnas.
Oriol Junqueras. Como Carles Puigdemont desde Waterloo en JxCat, el líder de ERC tiene ascendente sobre los republicanos desde la cárcel de Lledoners. Dio el visto bueno al ultimátum de Pere Aragonès y es precursor de la necesidad de agotar todas las vías de diálogo con Madrid.
