Urkullu pide que el plan B de Sánchez tras el estado de alarma en Madrid sea pactado

Confía en que las medidas para todo el Estado que se tratarán en el Consejo Interterritorial dejen margen en su aplicación

20.10.2020 | 02:55
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, con la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Foto: Efe

BILBAO – Pedro Sánchez no quiere dejarse arrastrar más de lo necesario por el PP. Está buscando las vías para poner fin al estado de alarma en la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso. Caducará el sábado y ya está oficialmente descartado que se vaya a pedir una prórroga. El planteamiento del Gobierno español consiste en evitar una prórroga por otros quince días, no solo porque le obligaría a someterla a votación en el Congreso de los Diputados sin garantías de salir airoso de ese trance, sino porque no le seduce la idea de recuperar el control total en la lucha contra el coronavirus y, además, los contagios en la Comunidad de Madrid están colocándose por debajo de la cifra mágica de los 500 por cada 100.000 habitantes.

La alternativa que tiene en mente consiste en llevar una batería de medidas a la reunión prevista para mañana en el Consejo Interterritorial con todos los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas, con la intención de fijar un marco general para el conjunto del Estado de manera consensuada. El Gobierno vasco de Iñigo Urkullu no se cierra a los parámetros generales, siempre y cuando se deje un margen en su aplicación a las comunidades autónomas. Desde el grupo del PNV en el Congreso de los Diputados confirman que no han sido sondeados para una prórroga del estado de alarma y todo apuntaba ya, por lo tanto, a que no era la opción que se barajaba en La Moncloa.

El entuerto del estado de alarma de aplicación exclusiva en la Comunidad de Madrid surgió tras el tira y afloja político entre Sánchez y Ayuso, y terminó con el Estado tomando el control para obligar a cerrar el perímetro en una decena de localidades por superar los 500 contagios por 100.000 habitantes en los últimos catorce días. El director de Emergencias Sanitarias del Gobierno español, Fernando Simón, confirmó ayer que no habrá más estado de alarma y dio una palmada en la espalda a la Comunidad de Madrid al considerar que ha mejorado. "No hay intención de extender el decreto de alarma; el confinamiento perimetral terminará", zanjó. Sí dejó la puerta abierta a mantener alguna actuación concreta, pero el principal escollo, el cierre perimetral, parece despejado con carácter general. Simón recordó que la incidencia acumulada ha descendido a los 459 casos en Madrid y que, de los nueve municipios que entraron en estado de alarma, hay siete en los que esa cifra está "claramente" por debajo de los 500, y los otros dos están rozando ese límite.

El PP se iba a negar a mantener el cierre del perímetro (quiere hacerlo por barrios o distritos). Los problemas existen también en el seno del gobierno madrileño porque el PP se resiste a las restricciones y lo lleva todo al terreno de lo personal y a la pugna con Sánchez, mientras que sus socios de C's sí piden medidas contundentes para doblar la curva en Navidad, como hace el vicepresidente Ignacio Aguado. El líder del PP, Pablo Casado, había exigido ayer mismo al ministro Salvador Illa que levantara el estado de alarma, que promueva mañana criterios "homogéneos y objetivos" para todos los territorios, y que abandone su actitud "discrecional y arbitraria" contra el PP. Ayer mismo se produjo una reunión entre los técnicos de ambos gobiernos.

Sin sondear Fuentes del grupo del PNV en el Congreso de los Diputados consultadas por DEIA aseguran a este periódico que el Gobierno español trasladó como hipótesis a los partidos que, en el caso de que hubiera que prorrogar el estado de alarma, habría que hacerlo en un pleno extraordinario este viernes, porque las medidas expiran el sábado. Sin embargo, no han sido sondeados sobre su posición, lo que apuntaba con certeza a que el PSOE quiere evitar esta votación. Si estuviera pensando en prorrogar el estado de alarma, estaría amarrando los apoyos necesarios, sobre todo teniendo en cuenta que el PP votaría claramente en contra.

Desde el Gobierno vasco, por su parte, recuerdan que el Ejecutivo español envió la semana pasada a las comunidades autónomas un documento que no es "muy diferente" a lo que está aplicando la comunidad autónoma en su plan Bizi Berri II, en el nivel 4 sobre 5 en la alerta sanitaria (el Gobierno vasco ha pedido prohibir las reuniones de más de seis personas y está pendiente del aval del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, propone limitar también los aforos al 50% y adelantar el cierre de la hostelería a las 00.00 horas, entre otras medidas). El Gobierno vasco no ve necesariamente con recelo la idea de pactar mañana un marco común, porque no se va a tratar de una batería de medidas que cocinen por su cuenta la Comunidad de Madrid y el Estado, y además el Gobierno español ha enviado a Euskadi con carácter previo unas primeras propuestas. Entre ellas, hay algunas más restrictivas, pero la sensación ahora mismo es que la aplicación dejará cierto margen a las comunidades autónomas y, además, Euskadi reivindica que se tenga en cuenta la capacidad de rastreo e identificación de los casos antes de pulsar el botón rojo. El planteamiento debe ser aprobado por mayoría absoluta en el Consejo Interterritorial, de manera que Illa no lo puede aplicar por las bravas. A este panorama general se sumarán las medidas de la Unión Europea. Habrá que ver cómo queda el esbozo general.

El Gobierno vasco no se cierra a unos parámetros generales si la aplicación queda en manos de cada comunidad. En los últimos días están sobrevolando por todo el Estado los cierres perimetrales de municipios concretos y los toques de queda nocturnos. De momento, la comunidad autónoma se encuentra en el nivel 4 y no quiere especular con las medidas que habría que tomar si pasara al 5. En cuanto a las medidas actuales, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco debe conceder su aval, y la mayor incógnita se cierne sobre la prohibición de las reuniones de más de seis personas, aunque el Gobierno vasco se agarra al aval judicial que ha recibido Galicia con una situación epidemiológica menos grave. El Ejecutivo no contempla un varapalo judicial ni especula con la hipótesis de tener que pedir un paraguas al Estado, como el propio estado de alarma.

NIVELES El nivel 4 de alerta en la comunidad autónoma vasca supone tener una incidencia de casos de 300 a 500 por 100.000 habitantes y una ocupación de las UCI entre el 35 y el 50%, entre otros parámetros. Para pasar al 5, la tasa de incidencia debe superar los 500 casos y la ocupación de las UCI tendría que elevarse por encima del 50%. En ese caso, se valorarían los confinamientos territoriales.

Cuatro niveles. El Ministerio de Sanidad quiere llevar a la reunión del miércoles en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud un plan de actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión del coronavirus, con cuatro niveles de alerta en función del riesgo en cada comunidad autónoma, que se medirían según unos indicadores de contagios y ocupación de las UCI, entre otros puntos, y tendrían una serie de medidas asociadas.

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