La única parlamentaria de Vox en la Cámara de Gasteiz, Amaia Martínez, denunció ayer “la cacicada” cometida en el Parlamento Vasco, al “recortarle” derechos, como la duración de sus intervenciones y el número de iniciativas a presentar o los asistentes, y no descartó recurrir a los tribunales.
Martínez realizó estas declaraciones tras participar en la reunión de la Junta de Portavoces donde, tal como había adelantado DEIA, se aprobó que Vox tendrá un tercio del tiempo establecido para las intervenciones en la Cámara vasca respecto al resto de grupos y contará con un único asistente. La decisión se tomó merced al acuerdo alcanzado entre PNV, EH Bildu, PSE y Elkarrekin Podemos-IU.
Vox contó con el respaldo de PP+C’s, para quien el acuerdo es “arbitrario”, supone una “restricción de derechos parlamentarios” y “no tiene soporte jurídico”, tal como lo describió el portavoz de la coalición de derechas, Carmelo Barrio.
Sin embargo, el secretario primero de la Mesa del Parlamento, el jeltzale Iñigo Iturrate, calificó de “democrático” el acuerdo adoptado en torno a Vox y consideró una “pataleta” la reacción de la parlamentaria de la formación de la extrema derecha. A su juicio, lo ocurrido en la Junta de Portavoces es “algo normal” que sucede al inicio de todas las legislaturas, y que lo que hace es ordenar los debates con criterios de proporcionalidad por representación.
Iturrate, no obstante, rechazó considerar la medida adoptada como un “cordón sanitario” sobre Vox tal como se expresó la portavoz de EH Bildu Maddalen Iriarte, quien aseguró que su grupo ha mantenido en todo momento que al “fascismo había que ponerle un cordón sanitario” y que no puede ser la voz de Vox la que “determine la agenda política de esta parte del país”, por lo que “hay que aislarlo desde el primer momento”.
