bilbao - La lucha contra el cambio climático era para el Gobierno de Pedro Sánchez una de las prioridades de la legislatura y ayer lo puso de manifiesto. El Consejo de Ministros aprobó un acuerdo por el que se activa la Declaración de Emergencia Climática y Ambiental de España, con la que el Ejecutivo español se compromete a adoptar 30 líneas de acción prioritarias y cinco de ellas en los primeros cien días de Gobierno.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz, María Jesús Montero, afirmó que la declaración va en línea con lo aprobado en la Unión Europea en este sentido y situó el cambio climático y la transición justa como ejes transversales de las medidas que se impulsarán.
En el marco de la declaración, el Ejecutivo se compromete a ejecutar cinco de las 30 medidas en los primeros 100 días del Gobierno. De este modo, se remitirá al Parlamento el proyecto de ley de cambio climático, se definirá la senda de la descarbonización a largo plazo para asegurar la neutralidad climática en 2050 y se creará una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático que incluirá la participación de los jóvenes.
El texto del acuerdo señala que el "único camino posible" para cumplir el compromiso con el Acuerdo de París para reducir las emisiones y limitar el aumento de la temperatura mundial a 1,5ºC respecto a los niveles preindustriales es un obligado "cambio acelerado del modelo de desarrollo en las próximas décadas".
"Esta transformación representa un gran desafío pero también ofrece importantes beneficios en todos los ámbitos sociales, culturales y económicos", refleja el acuerdo del Gobierno expuesto ayer por la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera.
La vicepresidenta avanzó que se introducirán medidas en "todos" los sectores de actividad y líneas de actuación. Se actuará en cuestiones sobre fiscalidad, finanzas sostenibles, deuda y bonos verdes. También anunció un plan de acción de educación ambiental, un plan de salud y medio ambiente y una estrategia para la protección de la costa. Entre otras novedades, se incorpora la "obligación" de que los municipios de más de 50.000 habitantes establezcan áreas de bajas emisiones. - DEIA
