Gasteiz - La candidatura de Eba Blanco a la Secretaría General de Eusko Alkartasuna ha solicitado que dos de los cinco miembros de la Comisión de Garantías del partido se inhiban en las resoluciones en torno al proceso de primarias en la formación por entender que “están inhabilitados para ejercer las funciones que se les presuponen con neutralidad e imparcialidad, ya que es evidente que tienen intereses personales en el caso que les obligan a inhibirse”.
Se trata de Jokin Ugarte, avalista de la candidatura de Maiorga Ramírez; y de Txema Altolagirre, esposo de Ikerne Badiola, “avalista de Ramírez y asistente habitual en los diferentes actos que viene organizando el sector crítico en contra de las resoluciones de la Asamblea Nacional y el Comité Electoral”. Según explican a DEIA fuentes de Eusko Alkartasuna, “a lo largo de los últimos meses la Comisión de Garantías está resolviendo de manera sistemática a favor del sector crítico por tres votos contra dos”, lo que a su juicio prueba la parcialidad de este órgano.
Blanco, quien hace menos de dos semanas anunciaba que concurriría al proceso de primarias al haber logrado cerca de 60 avales -el mínimo exigido es de 50-, ya ha registrado el escrito correspondiente ante la Comisión de Garantías, a la que recurrió Ramírez después de que la Comisión de Organización Electoral de EA anulara su candidatura.
Este órgano alegaba que solo dos de los avales presentados por Iparralde por la cabeza visible del sector crítico -obtuvo 400 en toda Euskadi- eran válidos, pues dos, aseguraba la Comisión, se presentaron fuera de plazo, otro pertenece a una persona que no figura en el censo electoral ni en la base de datos de afiliados, otro se firmó por poder “sin que se haya aportado poder alguno”, y otro pertenecía a una persona que también había avalado otra candidatura.
El sector crítico aseguró, tras conocer la “aberrante” decisión de anular su candidatura, que “va a agotar todas las vías hasta conseguir devolver la palabra a la afiliación”.
El reglamento aprobado por la Asamblea General de EA el pasado mes de junio establecía que cada candidato debía presentar al menos cinco avales por cada circunscripción -los cuatro territorios de Hegoalde y una única circunscripción en Iparralde-, decisión que la Comisión de Garantías invalidó. A partir de ahí se produjo un choque de legitimidades entre el sector oficial, que se adhería al reglamento, y el crítico, que reclamaba seguir las directrices de la Comisión de Garantías.
Por otro lado, los críticos reclamaban que todos los miembros de la ejecutiva tuvieran acceso a los datos de afiliación de militantes, la comisión de Garantías acogió su reclamación y los de Ramírez llevaron a los tribunales contencioso-administrativos a la dirección para poder acceder a esos datos, sin que hasta la fecha haya habido un pronunciamiento judicial al respecto. Por su parte, la dirección de EA abrió un expediente disciplinario a Miren Aranoa, Mikel Goenaga e Iratxe López de Aberasturi, cabezas visibles del sector crítico y coordinadores de EA en Nafarroa, Gipuzkoa y Araba, respectivamente, por reclamar el acceso a dichos datos de afiliación en una rueda de prensa.
Desde la candidatura de Maiorga Ramírez se respondió ayer duramente a la decisión de Blanco, a la que sitúan como la candidata del sector oficial, acusándola de “pretender acallar con medidas represivas y amenazas a todo aquel que no comparta la línea estratégica de diluir Eusko Alkartasuna en EH Bildu y desaparecer como partido”.
Para el sector crítico, Blanco “se ha prestado a llegar a la Secretaría General por la puerta de atrás y sin contar con el voto de la afiliación”, además de intentar “acallar la voz de una compañera por su relación personal con un miembro de la Comisión de Garantías, en una actitud marcadamente machista”.
