BILBAO. El Ministerio de Política Territorial y Función Pública convocará una reunión de la comisión Mixta de Traspasos entre la Administración General del Estado y Euskadi la próxima semana, antes del inicio de la campaña electoral, tras culminar las valoraciones de las diversas materias que han sido objeto de tratamiento en los meses transcurridos de 2019.

En concreto, abordarán las facultades en materia de ejecución de la legislación sobre productos farmacéuticos, actuaciones sobre jubilaciones derivadas de procedimientos de EREs y seguro escolar, así como respecto de la Autopista AP-68, a fin de adoptar los correspondientes acuerdos de traspasos.

Según ha recordado el Ministerio, en el mes de julio de 2018 el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Iñigo Urkullu, acordaron impulsar los trabajos de desarrollo del Estatuto de Autonomía del País Vasco en materia de traspasos de funciones y medios de la Administración General del Estado.

El pasado 22 de junio de 2018, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, se reunió con el consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno y portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, para tratar de avanzar en aquellas materias en las que ambas Administraciones están de acuerdo: reducción de la conflictividad, apertura de vías de diálogo para evitar recursos ante el Tribunal Constitucional, transferencias pendientes, e impulso a los mecanismos de cooperación permanentes entre el Gobierno de España y el Ejecutivo vasco.

PRIMEROS ACUERDOS, EN NOVIEMBRE DE 2018

Como materialización de esta voluntad política de desbloquear los traspasos paralizados desde 2011, la Comisión Mixta de Transferencias formalizó el pasado 26 de noviembre de 2018 la transferencia de dos líneas ferroviarias de mercancías y un tramo de la autopista AP-1.

Desde entonces, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha continuado identificando funciones y servicios traspasables al País Vasco por tener la Comunidad Autónoma base estatutaria y competencial dentro del marco constitucional.

Fruto de esa voluntad de "no obstruir la transferencia de aquellas funciones y servicios con base legal para ser abordadas", ambas administraciones han seguido trabajando de cara a acordar los términos de distintos traspasos.