El PP se excluye del pacto sobre un modelo de prisiones que consagra la reinserción

La formación soberanista presentó más de cien propuestas de resolución, la mayoría de las cuales no salieron adelante. Sin embargo, acordó con PNV y PSE urgir al traspaso inmediato de la competencia y abogar por el consenso entre las fuerzas parlamentarias y el tercer sector para poder implantar ese modelo “inteligente y democrático” basado en la rehabilitación, y que por tanto prime el régimen abierto o los segundos grados, y el acceso de los reclusos a derechos sociales.

Sí salieron adelante el medio centenar de propuestas de resolución de PNV y PSE, que apoyó EH Bildu en su totalidad y Elkarrekin Podemos de forma parcial, con votos positivos y abstenciones que dieron vía libre a estas medidas. La coalición morada también recibió el voto favorable del resto de formaciones a sus propuestas, salvo el PP, que ayer quedó arrinconado en un Parlamento que se pliega, dijo la parlamentaria Nerea Llanos, al deseo nacionalista de “impedir la presencia del Estado en Euskadi”. Los populares argumentan, ante su rechazo generalizado a las propuestas ayer aprobadas, que no es el momento de transferir las prisiones.

Las medidas aprobadas ayer abarcan todo tipo de ámbitos. Así, hay medidas enfocadas a la educación, como el fomento de la alfabetización, la recualificación o la capacitación social y competencial de los reclusos, a quienes se pide facilitar el acceso a la Formación Profesional o a estudios universitarios en euskera y castellano.

También se tiene en cuenta la perspectiva de género, y por ello se plantea la creación y el desarrollo de unidades de madres externas. Por otro lado, se reclama reforzar con medios materiales y personales el Servicio Vasco de Gestión de Penas, o prestar atención a las nuevas formas de delito, “con especial atención a los delitos relacionados con adicciones, y los llevados a cabo a través de las redes sociales (ciberacoso, suplantación de identidades...)”.

Las propuestas aprobadas ayer hacen especial hincapié en la atención de la salud mental de los reclusos, uno de los grandes problemas que señalan los expertos en la materia. Se pide, en ese sentido, potenciar el uso de las unidades psiquiátricas existentes en Euskadi, y en cuanto a los presos enfermos en general, se plantea potenciar las unidades terapéuticas y educativas como alternativa a la prisión para estas personas.

Todas estas medidas persiguen el objetivo de adoptar un modelo penitenciario “centrado en la dignidad humana, la reducción de uso de la prisión y la reinserción de las personas penadas, el incremento del uso de medidas y regímenes no privativos de libertad, así como la perspectiva restaurativa de la justicia”.

En la misma línea va el Gobierno vasco. En ese sentido, ayer la consejera de Trabajo y Justicia, María Jesús San José, presentaba las líneas generales de un informe que su departamento presentará a la Cámara y que, entre otras medidas, plantea que el 40% de los presos de Euskadi cumpla sus penas en régimen abierto. Actualmente, un 28% de los presos está en tercer grado, y en 2003 la cifra se reducía hasta el 11%. A día de hoy, en las prisiones de Zaballa, Martutene y Basauri hay 1.314 personas (1.191 hombres y 123 mujeres), y el ratio de población reclusa en la comunidad es de 60 presos por cada 100.000 habitantes. El Ejecutivo pretende reducirlo, con estas medidas, a 40 personas por cada 100.000 habitantes.

La parlamentaria de EH Bildu Jone Goirizelaia censuró que el informe no haya sido todavía presentado, pero sí celebró el grado de consenso social y parlamentario en torno al futuro modelo penitenciario vasco, que el jeltzale Joseba Zorrilla cree imprescindible abordar tras la moción del Senado contra el desarrollo del Estatuto de Gernika. La socialista Alexia Castelo, por su parte, ponía el punto de mira “en las mujeres, la enfermedad mental o las drogas” en la cárcel, y desde Elkarrekin Podemos Juan Luis Uría aludía a la “voluntad política” mostrada por los partidos de la Cámara en torno a esta cuestión.