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La lista de sancionados por la administración Biden se superpone a la de la Unión Europea, que incluye a personas que se han favorecido de la invasión de Ucrania, empresarios de los sectores petrolero, bancario y financiero y también miembros del gobierno, militares y propietarios de medios de comunicación que contribuyen a difundir propaganda belicista. Procurando entorpecer la campaña de desinformación en torno a esta guerra de agresión, el Departamento del Tesoro ha elaborado una lista de otras 26 personas que, como Dmitry Peskov, secretario de prensa, desempeñan un papel central en esta campaña propagandística que exalta los beneficios de la guerra.

El gabinete de gobierno de Biden se ha reunido cuatro veces en las últimas dos semanas y la práctica totalidad de las agencias y departamentos han apostado por penalizar a aquellos individuos que han jugado algún papel en la campaña de ocupación de Ucrania. La Casa Blanca anunciaba mediante una nota de prensa el pasado jueves que estas personas se han enriquecido a expensas del pueblo ruso, cuyos familiares han sido retribuidos con cargos en la administración del país.

En opinión de Biden, son responsables de proporcionar recursos para acometer la invasión. Estas personas y sus familiares quedarán aislados del sistema financiero de los Estados Unidos, sus activos serán congelados y se bloqueará el acceso a sus propiedades.

El Departamento del Tesoro colaborará con el Departamento de Justicia para poner en marcha los necesarios procesos penales y la incautación de los activos. "El objetivo es maximizar el impacto contra Putin", afirmó Biden, denunciando a aquellos que "llenan sus bolsillos con el dinero del pueblo ruso mientras en Ucrania la gente tiene que buscar refugio en el metro para ponerse a salvo de los misiles".

El Departamento de Estado anunció una nueva política de restricción en la emisión de visados a ciertos oligarcas, sus familiares y asociados más cercanos. "Se sabe que estos caciques dirigen, autorizan, financian, apoyan significativamente o llevan a cabo actividades en apoyo de la política exterior de Rusia", afirmó Antony J. Blinken. El fiscal general Merrick Garland anunció que Kleptocapture tiene la intención de embargar los yates, aviones, apartamentos o cualquier otro bien de lujo de los dichos magnates. La secretaria de comercio Gina Raimondo asumió la responsabilidad de imponer controles a la exportación de los productos de estas empresas.

El secretario de Transporte, Pete Buttigieg, impondrá restricciones a los vuelos rusos en el espacio aéreo estadounidense. La secretaria de energía, Jennifer Granholm, coordinará junto con otras naciones la liberación de 30 millones de barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo de la república a fin de controlar la subida del precio de los combustibles. La directora de Inteligencia Nacional, Avril Haines, que lidera la red de servicios de inteligencia del país, ha optado por una estrategia de desclasificación y divulgación de las intenciones y los planes de los gobiernos ruso y bielorruso.

La embajadora de los Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, ha condenado la política de Putin en el Consejo de Seguridad y en la Asamblea General. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, supervisará la ayuda humanitaria para los refugiados ucranianos y la directora interina de la Oficina de Administración y Presupuesto, Shalanda Young, encabezará los esfuerzos de la Casa Blanca para asegurar 10.000 millones de dólares en ayuda humanitaria para Ucrania, ya que se espera que el número de refugiados alcance un millón de personas según las Naciones Unidas.

En palabras de Biden, su administración sancionará a todos aquellos magnates responsables de "dirigir, autorizar, financiar, apoyar significativamente o llevar a cabo actividades ilícitas" en apoyo de una política exterior que ha generado un desastre humanitario. En virtud de los datos que aporta el Departamento del Tesoro, la riqueza amasada por las personas que apoyan a Putin redunda en la extravagancia. Uno de ellos es Alisher Usmanov, que posee un patrimonio neto de alrededor de 19.500 millones de dólares.

Según informa CNBC, el superyate de Usmanov tiene un valor de entre 600 y 735 millones de dólares y cuenta con "dos helipuertos y una de las piscinas cubiertas más grandes del mundo jamás instaladas en un yate". Tan sólo el mantenimiento cuesta alrededor de $60 millones al año. Uno de sus aviones comerciales privados, el Bourkhan, registrado en la Isla de Man, costó entre 350 y 500 millones de dólares. Tokarev, otro de los socios de Putin, amasó su fortuna como director ejecutivo de Transneft, una empresa estatal de oleoductos que monopoliza el transporte del 90% del petróleo extraído de Rusia. Su hija Mayya dirige un negocio inmobiliario cuya oficina de Moscú está valorada en más de 50 millones.

Las medidas sancionadoras son relativamente novedosas y en cuestión de horas se ha demostrado en la práctica que, cualquiera que sea el impacto que estas medidas iniciales puedan tener en esta red de oligarcas, los principios de justicia, responsabilidad y culpabilidad son aplicables a nivel internacional con relativa celeridad y dentro de los amplios límites y grandes vacíos de la legalidad vigente. En suma, es justo, es significativo y es posible, por lo tanto, debería adoptarse, debidamente adecuado, al acerbo de la legislación humanitaria internacional. De hecho, el derecho internacional humanitario se define como el conjunto de normas jurídicas que limita los efectos de los conflictos armados, protege a la humanidad y limita los medios y métodos de hacer la guerra.

La idea que trasciende es que no hay guerra si no se alimenta con fondos estatales procedentes del erario público, y que la guerra beneficia a unos pocos en detrimento de todos los pueblos en contienda, cuyos ciudadanos son precisamente quienes sufren y mueren en el curso de las mismas. Paralelamente, las riquezas que se amasan a la sombra de estos conflictos producen superyates de 600 millones de dólares, un producto que ningún catálogo de venta clasificaría de "necesario" en un mundo como el nuestro, afectado por la pandemia, el hambre y la pobreza de todos los colores.

Las sanciones se quedarán cortas si su aplicación se limita a 26 magnates rusos y sus familias. Financiar la guerra debería ser ilegal, nutrirse de la guerra debería estar penalizado, declarar la guerra debería ser un delito. Paul Fauchille, postergado jurista, editor de La Revue Generale du Droit International Public, afirmó que los estados tenían el derecho de prohibir la guerra. Nadie le oyó en su día, y creo que muy pocos están interesados en oírle hoy.

Quedarán aislados del sistema financiero de EE.UU., sus activos serán congelados y se bloqueará el acceso a sus propiedades