La política migratoria del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sufrió su primer revés judicial en Texas, donde un juez federal nombrado por el expresidente Donald Trump bloqueó, por tiempo indefinido y a nivel nacional, la suspensión de las deportaciones durante cien días decretada por el mandatario demócrata.
La orden del juez Drew Tipton, que se debe aplicar en todo el país, puede ser recurrida ante el tribunal de apelaciones de Nueva Orleáns, de tendencia conservadora, por lo que el grupo proinmigrante Unión de Libertades Civiles (ACLU) indicó que estudia sus opciones.
La suspensión de las deportaciones fue uno de los decretos firmados por Biden cuando asumió la Presidencia, el 20 de enero, y de inmediato se topó con una demanda del fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton.
El 26 de enero Tipton ya había emitido una orden temporal que bloqueaba la suspensión de las deportaciones, haciendo referencia a un acuerdo de última hora firmado por el Gobierno de Trump y varios estados y que requería un avisó con 180 días de antelación para cualquier modificación de las prácticas migratorias.
Los abogados del Gobierno de Biden han alegado que ese pacto fue ilegal y no es obligatorio porque ningún estado tiene poder de veto sobre la autoridad de Washington en materia de migración, de competencia exclusiva del Gobierno federal.
Grupos que abogan por los migrantes han señalado, asimismo, que el Gobierno de Biden, que ha continuado las expulsiones, tiene atribuciones para no ejecutar las deportaciones ya ordenadas, con decisiones caso por caso.
En su decisión, Tipton afirmó que el decreto de Biden es arbitrario y excedió las atribuciones presidenciales al suspender o alterar una ley federal que requiere la deportación dentro de los 90 días desde que la orden de expulsión se haya firmado.
El hecho mismo de que la pausa en las deportaciones se decretase a pocas horas de la investidura de Biden, asegura el juez en su dictamen de 105 páginas, muestra que "eso no dejó mucho tiempo para la reflexión y el análisis".
La semana pasada el Departamento de Seguridad Nacional divulgó las nuevas prioridades para las deportaciones mientras el Gobierno de Biden reevalúa toda la política migratoria de Trump.
Entre ellas figura la deportación de individuos que representen un peligro para la seguridad nacional, que hayan cometido crímenes y sean una amenaza para la seguridad pública, o que estén asociados con pandillas criminales, así como aquellos inmigrantes que acaben de cruzar ilegalmente la frontera.
La Unión de Libertades Civiles (ACLU) denunció la decisión del juez Tipton, y Kate Huddleston, abogada de esta organización en Texas, dijo que Paxton busca que el gobierno de Biden "continúe las políticas xenófobas del expresidente Trump". "El permitir que continúen estas deportaciones significa que habrá familias separadas y que la gente que tiene una oportunidad de buscar alivio en Estados Unidos sea devuelta al peligro", añadió.
nuevo centro de menores
Por su parte, la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, voz del ala más progresista del Partido Demócrata, criticó ayer con dureza la apertura de un centro para menores inmigrantes, el primero activado durante la Administración de Joe Biden, quien recriminó durante su campaña presidencial al entonces presidente Donald Trump por la construcción de instalaciones con estos fines. "Esto no está bien, nunca estuvo bien y nunca estará bien, sin importar la administración o el partido", escribió Ocasio-Cortez en su cuenta de Twitter.
política exterior
Críticas a la violación del acuerdo nuclear por parte de Irán. El Gobierno de Estados Unidos denunció ayer que Irán "avanza en la dirección equivocada" con sus incumplimientos del acuerdo nuclear de 2015 e incidió en la necesidad de que ambos países "reinicien el cumplimiento" de sus compromisos. "Nuestro objetivo en todo esto sigue siendo buscar un resultado en el que Irán y Estados Unidos reinicien el cumplimiento de sus compromisos con el acuerdo nuclear", aseguró el Ejecutivo.
Anuncia dureza con China y Rusia en su regreso al Consejo de DDHH de la ONU. El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, celebró que su país está de regreso en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, un órgano que Washington repudió durante la Administración Trump, pero advirtió de que usará ese foro para condenar las violaciones de estados como China o Rusia.
