Iñaki Subijana Presidente de la Audiencia de Gipuzkoa

“Hay delito sexual cuando el autor introduce a la víctima en un contexto sexual que esta no quiere”

La nueva doctrina lo deja claro: cualquier tocamiento o roce no consentido con intención sexual implica un ataque a la libertad sexual y es delito de abuso. Subijana entiende que a partir de ahora se plantea “un escenario de seguridad jurídica”

Una entrevista de Jorge Napal Fotografía de Rubén Plaza - Domingo, 14 de Octubre de 2018 - Actualizado a las 06:00h

Iñaki Subijana.

Iñaki Subijana.

Galería Noticia

Iñaki Subijana.

Donostia- Al margen de la finalidad del autor de los hechos, la etiqueta o calificativo de toda injerencia en la libertad sexual de la mujer es la de delito de abuso sexual. “Ese es el primer mensaje que hay que tener claro, y a partir de ahí plantearnos qué sanción imponemos a esa conducta una vez que la hemos calificado”, precisa Iñaki Subijana, presidente de la Audiencia de Gipuzkoa.

¿Se acabaron las discrepancias entre los jueces con la nueva doctrina del Supremo?

-Se deben terminar, porque la función que tiene la doctrina del Tribunal Supremo es precisamente esa, fijar criterio en la interpretación de las normas jurídicas. Tienen que desaparecer las discrepancias que, según parece, existían entre determinadas audiencias a la hora de calificar estas conductas de abuso sexual o vejatorio. También tengo que señalar a renglón seguido que me llama la atención que existieran esas discrepancias.

¿Por qué?

-Porque no entiendo que si llegamos a la conclusión de que una mujer ha sido introducida en un contexto sexual no voluntario, le demos una significación que no sea sexual.

La doctrina puede interpretarse como un llamamiento a filas de los jueces. ¿Qué escenario se plantea?

-Se plantea un escenario de seguridad jurídica. El Código Penal no ha cambiado. Evidentemente, define el abuso sexual como lo ha venido haciendo hasta ahora. Pero el Tribunal Supremo es el máximo intérprete de la ley penal y lo que ha hecho es fijar un criterio de interpretación respecto a estas conductas y, por tanto, la función institucional que cumple el Tribunal Supremo lleva a que los jueces interpreten la ley penal conforme a ese criterio. Ese es el escenario futuro.

¿Qué subyace en la diferente interpretación de estas conductas?

-Algo que sigue siendo cuestionable, y que esta última sentencia del Tribunal Supremo tampoco lo clarifica. Es decir, para que exista un delito sexual, no hace falta que la finalidad del sujeto sea sexual, sino que lo que hace falta es que el contexto sexual exista.

¿Qué quiere decir?

-Que lo determinante es, en cada caso, saber si el autor introduce a la víctima en un contexto sexual que ésta no quiere, independientemente de cuál sea la finalidad del autor. Puede ser no sexual, puede ser la de humillar, vejar, hacer daño... Ahí esta el quid de la cuestión.

Supongamos que una persona le toca el culo a una mujer sin su consentimiento. ¿Podría llegar a entrar en prisión con la nueva doctrina del Supremo?

-Para mí, eso es abuso sexual antes, ahora y después. Lo es porque se está introduciendo a una mujer en un contexto sexual que ella no quiere. Y ante ese tipo de situaciones, calificándolas como abuso sexual, el Código Penal permite dos posibles penas a imponer: la de multa o la de prisión. Lo razonable en términos de proporcionalidad es que el juez o tribunal valore la gravedad y entidad de ese hecho dentro de su categorización como abuso sexual y a partir de ahí motive por qué acude a la pena más aflictiva (prisión) o la de multa. Eso depende del análisis de cada caso concreto.

Durante la Aste Nagusia una chica disfruta de la discofiesta de la Zurriola. Se le acerca un varón y le somete a tocamientos en un contexto festivo... ¿Cómo debe actuar la justicia a partir de ahora?

-Hay que diferenciar dos tipos de mensajes que debemos dirigir a la sociedad. El primero, cómo valoramos la conducta conforme al Código Penal. Y en segundo lugar, qué sanción imponemos a esa conducta una vez la hemos calificado. Son dos mensajes distintos. El ejemplo que expones me dibuja inequívocamente un contexto sexual no voluntario. Esa chica ha sido instrumentalizada sexualmente por el sujeto activo que le ha sometido a tocamientos. Por tanto, es un contexto sexual. Las coacciones protegen la libertad de las personas. El abuso sexual protege esa misma libertad en la esfera sexual. Es decir, desde el punto de vista de la calificación, de manera inequívoca esa conducta es un abuso sexual. Estamos hablando de una injerencia indebida en la libertad sexual de esa mujer, que no ha tenido opción de decidir si quería o no quería esa interacción.

Pero según la nueva doctrina, ¿cabe la posibilidad de que se decreten medidas de ingreso en prisión por este tipo de conductas?

-Ahí entraríamos en el segundo plano. Es decir, una vez que hemos definido qué es abuso sexual, cabe plantearse qué sanción le imponemos a ese abuso sexual. Y ahí el Código penal abre el abanico. Nos habla de la pena de prisión, o la de multa. ¿Qué va a determinar que sea una u otra? La gravedad de la conducta. Es decir, si no tiene unos elementos de gravedad lo suficientemente intensos como para justificar una pena de prisión, apuntaría, en términos de proporcionalidad, a una pena de multa, eso sí, de multa penal. Es una valoración de cada caso. Tenemos que terminar con el tabú de pensar que la única pena que existe es la pena de prisión. Caben diferentes modelos de ejecución. Hace falta ver la fotografía completa, sin mezclar los carriles.

El caso de ‘La Manada’, el 8 de marzo... ¿La justicia se siente presionada por el contexto social?

-Indudablemente, el contexto social siempre está ahí. Pero a la hora de definir y valorar qué ha ocurrido, no hay elementos de contextualización social. Lo que hay es un elemento de valoración de la calidad de la prueba desde el respeto a la presunción de inocencia. E insisto. Esa conducta siempre ha estado en el Código Penal, donde debe estar. Nunca he entendido el desajuste de colocarla donde no tiene que estar. Si hay un elenco de delitos sexuales que protegen la libertad sexual, lo que quiere decir es que cualquier conducta que violenta la voluntad libre y autónoma de la víctima es una injerencia en su libertad sexual. Una cosa es que la justicia tenga que interpretar las normas conforme a la realidad social y otra es que la realidad social determine cómo hay que interpretar las normas. Es una diferencia importante.

De modo que no siente presión alguna...

-Yo no la siento. Existen reivindicaciones legítimas de un sector importante de la ciudadanía que forman parte del paisaje como otras muchas reivindicaciones. Tenemos que acostumbrarnos a la política pública democrática, conviviendo con muchísimas opiniones y reacciones sociales. Ante ello, la justicia también es democrática, y tiene que vivir con normalidad las manifestaciones críticas de los sectores sociales.

Una joven senegalesa, Maguette Mbeugou, pide tutela, no se la dan, y acaba siendo asesinada a manos de su marido. ¿Comparte la opinión del presidente del TSJPV de que ha sido un fracaso de la Justicia ‘con mayúsculas’?

-Sus declaraciones son razonables. Han sido objeto de crítica, pero cuando habla de Justicia con mayúsculas entiendo que lo que quiere decir es que, desde el punto de vista institucional, una mujer que había pedido tutela ha terminado siendo asesinada. Tenemos que admitir que ha sido un fracaso de la Justicia, lo que nos hace reflexionar sobre los elementos que han conducido al fracaso. Cuando Juan Luis Ibarra habla del fracaso de la Justicia en mayúsculas, lo que quiere decir es que la institución se sienta responsable de lo ocurrido desde el punto de vista de la falta de tutela. Otra cosa es que esté apuntando a responsabilidades individuales. Son planos distintos.

No está haciendo un juicio de responsabilidad individual...

-Claro que no. Con sus palabras hace un juicio de responsabilidad institucional. Desde ese punto de vista tenemos que reconocer que esta mujer no obtuvo la tutela que pidió.

¿La muerte de Maguette Mbeugou ha supuesto un punto de inflexión para dotar de más recursos a los equipos técnicos, psicosociales y judiciales?

-Me consta que ha dado paso a una reflexión, pero no hay decisión. ¿Va a pasarse de la reflexión a la decisión? El tiempo lo dirá. Tendríamos que despegarnos de decidir al calor de casos concretos y fijar políticas públicas de inversión mucho más definidas, sostenidas y desvinculadas del calor de los casos concretos.

Sería lamentable volver a hablar de otra muerte en estos términos...

-Sería muy triste porque demostraría que de la reacción no se ha pasado a la decisión. Creo que, honestamente, en el diagnóstico sobre esa necesidad hay consenso.

COMENTARIOS:Condiciones de uso

  • No están permitidos los comentarios no acordes a la temática o que atenten contra el derecho al honor e intimidad de terceros, puedan resultar injuriosos, calumniadores, infrinjan cualquier normativa o derecho de terceros.
  • El usuario es el único responsable de sus comentarios.
  • Deia se reserva el derecho a eliminarlos.

Más sobre Euskadi

ir a Euskadi »

Últimas Noticias Multimedia

  • ©Editorial Iparraguirre, S.A.
  • Camino de Capuchinos, 6, 5ºC Bilbao
  • Tel 944 599 100, Fax 944 599 120