El motivo más frecuente, la no ocupación

El Gobierno vasco sanciona a 270 propietarios de VPO por incumplir la normativa

EFE - Viernes, 5 de Octubre de 2018 - Actualizado a las 11:30h

Viviendas de protección oficial en Basozelai, en Basauri.

Viviendas de protección oficial en Basozelai, en Basauri.

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Viviendas de protección oficial en Basozelai, en Basauri.

El Gobierno vasco ha sancionado en el último año y medio a 270 propietarios de viviendas de protección oficial (VPO) con multas que ascienden a un total de 240.747 euros por incumplir la normativa.

GASTEIZ. El consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, Iñaki Arriola, ha ofrecido este dato durante el pleno de control del Parlamento Vasco, en respuesta a una pregunta del socialista Eneko Andueza.

Ha explicado que en 2017 se inspeccionaron 9.502 VPO de las 75.000 que componen el parque de protección oficial y entre enero y junio de este año se supervisaron otras 7.277.
Fruto de estas inspecciones, ha explicado, se han incoado 270 expedientes sancionadores a otros tantos propietarios.

El motivo más frecuente de las sanciones (45 expedientes) ha sido la no ocupación de la vivienda protegida, ya que la normativa exige que estas sean utilizadas como residencia principal y permanente por el adjudicatario.

También se impusieron 26 sanciones a los propietarios debido a su ausencia prolongada y no justificada de las viviendas, y otras 12 por alquilar los pisos sin autorización.

Arriola ha recordado que desde 2015 se han endurecido los importes de las sanciones que han pasado de 300 euros de multa a 3.000 en los casos de las leves.

Para las graves, las multas oscilan entre los 3.001 y los 20.000 euros, y para las muy graves pueden ascender hasta los 300.000 euros.

El consejero ha puesto un ejemplo de estas sanciones y ha hablado de un propietario que puso en alquiler su vivienda de VPO en una conocida plataforma para alojamientos turísticos, a quien se le ha multado con 1.500 euros por no ocupar permanentemente la vivienda y con otros 10.000 euros por un alquiler no autorizado.

"Nuestra intención es mantener la intensidad en el control de la utilización del parque de vivienda de protección oficial", por lo que el número de inspectores se incrementará de los ocho actuales a diez, ha concluido.

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