bilbao- ¿Cuántos muertos dejaron en Euskadi la Guerra Civil y la dictadura? Cuatro décadas largas después del deceso del dictador Francisco Franco y del restablecimiento de la democracia, la respuesta sigue en el aire y no hay ningún estudio fiable que disipe esa interrogante. Además, tras los fríos números, se esconde una historia cuya verdad y dignidad está pendiente de ser restituida públicamente. Durante todos estos años se han manejado infinidad de cifras pero ninguna con el contraste y la fiabilidad que precisa un dato histórico tan importante. El Gobierno vasco lleva unos meses trabajando con especialistas e investigadores para aproximarse a esa cifra y presentará en otoño un primer balance del Informe-base de vulneraciones de derechos humanos 1936-78. El estudio está bastante avanzado y el secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, Jonan Fernández, desveló ayer que se puede asegurar que la cantidad de muertos es mayor a lo que se pensaba, a tenor de las pesquisas realizadas “en los archivos y registros civiles y parroquiales” hasta el momento.

Fernández realizó este anuncio en la inauguración del ciclo Cuerpos incómodos: Violencia masiva, fosas comunes y necropolítica que se celebra entre ayer y este próximo sábado en el marco de los Cursos de Verano de la UPV/EHU en Donostia, en el que avanzó que la investigación “arroja datos cuantitativamente superiores a los que manejábamos hasta el momento”.

La literatura histórica en torno a la contienda civil española ha sido muy prolija y también sobre los muertos y desaparecidos. En España se ha llegado a cifrar en 500.000 personas de ambos bandos, mientras que en Euskadi se han publicado todo tipo de números, algunos rondando los 10.000. Los expertos siempre han sido muy cautos por la inexistencia de una investigación exhaustiva.

La situación puede superarse con el estudio promovido por el Gobierno vasco y el Instituto vasco de la Memoria (Gogora) en el que investigadores de la Universidad vasca y de la Sociedad Aranzadi -que está teniendo un papel muy activo en la localización y recuperación de los cuerpos de desaparecidos durante la Guerra Civil- . “A partir de ese estudio se podrá afirmar que la cifra de muertos y desaparecidos será más fiable que las que se han ofrecido hasta ahora, porque los investigadores han realizado un contraste minucioso de la identidad de los fallecidos”, señala el historiador de la UPV/EHU Josu Chueca, en declaraciones a este diario.

El secretario general de Derechos Humanos y Convivencia aseguró durante su intervención que, para el Gobierno vasco, lo que define el por qué de las políticas públicas de memoria vinculadas a la Guerra Civil es “la dignidad de las víctimas” e incidió en que el objetivo es “restituir públicamente a aquellas víctimas a quienes quiso despojarse de su dignidad humana”. También justificó la necesidad de promover políticas memorialistas porque están vinculadas al derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad. Una verdad que, según señaló, constituye “la mejor herramienta de no repetición;el mejor Nunca Más”, precisó.

Tras recordar que el día de ayer se cumplían 82 años desde el alzamiento franquista de julio de 1936, subrayó que las consiguientes Guerra Civil y dictadura franquista produjeron una doble injusticia: por una parte, “la injusticia histórica y política cometida sobre la sociedad a la que se sometió a un régimen de represión y falta de libertades básicas”;y, por otra, “la injusticia de las violaciones de derechos humanos cometidas sobre las víctimas del franquismo”. Esta doble perspectiva enmarca la orientación de la política del Gobierno vasco en materia de Memoria Histórica.

En las jornadas también participó el director general de Memoria Histórica del Gobierno español, Fernando Martínez, que aseguró que “sacar a los republicanos que están en las fosas comunes no es una cuestión de izquierdas ni de derechas, es una cuestión de dignidad democrática”. También explicó la reforma integral de Memoria Histórica que quiere impulsar el Gobierno socialista, que prevé la creación de una Comisión de la Verdad, de un banco público de ADN, un censo nacional de víctimas o el acceso a los archivos estatales que se siguen ocultado y la retirada de toda la simbología franquista.