El PNV pide a Celaá que respete como ministra las competencias vascas

La exconsejera anuncia que Religión no computará para acceder a una beca

Idoia Alonso - Jueves, 12 de Julio de 2018 - Actualizado a las 06:00h

Una manifestación en contra de la Lomce celebrada en Bilbao.Foto: Pablo Viñas

Una manifestación en contra de la Lomce celebrada en Bilbao.Foto: Pablo Viñas

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Una manifestación en contra de la Lomce celebrada en Bilbao.Foto: Pablo Viñas

Bilbao- El Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV ha puesto ya deberes a Isabel Celaá durante la primera comparecencia de la socialista como ministra de Educación y Formación Profesional en el Congreso. En concreto, el grupo jeltzale ha pedido a la exconsejera de Educación del Gobierno vasco un “respeto escrupuloso” a la competencia exclusiva en materia educativa que ostenta la CAV. Y en paralelo, el PNV reclama a Celaá que abandone “la vía de la judicialización” de las políticas educativas del Gobierno vasco, que se han vaciando de eficacia por la “presentación sistemática” de recursos contra normas autonómicas ante el Tribunal Constitucional, como ha sucedido con el sistema vasco de becas o la regulación de las evaluaciones del Currículum Vasco.

“No asuma el síndrome madrileño a la hora de plantear sus políticas”. Este es el mensaje que el jeltzale Joseba Agirretxea envió desde el estrado del Congreso a Celaá a quien dijo: “Ojalá que aquellas cuestiones que con vehemencia defendía cuando usted era consejera del Gobierno vasco las siga manteniendo como ministra”. El deseo del parlamentario jeltzale se vio ampliamente cumplido en la esperada comparecencia de Celaá tras el fracasado Pacto de Estado por la Educación, un acuerdo que saltó por los aires después de que todos los partidos excepto el PP y Ciudadanos decidieran abandonarlo.

La nueva ministra resolvió pronto la gran incógnita que planteaba en la comunidad educativa tras la ascensión de Pedro Sánchez a La Moncloa: ¿El PSOE va a derogar la Lomce, tal y como reclamó en la oposición? La respuesta es no, ya que “derogarla sin más no se puede porque nos quedaríamos sin legislación y no sería razonable”, argumentó Celaá. Lo que sí se hará es modificar el articulado para revertir los aspectos más “perturbadores” de la ley Wert, como la segregación de los itinerarios a los 13 años, el refuerzo de la asignatura de Religión, la implantación de las reválidasde fin de ciclo o la anulación de facto de la voz de las familias en la toma de decisiones de los centros escolares.

Según anunció Celaá, la Religión seguirá siendo una asignatura de oferta obligatoria, pero la nota no tendrá efectos académicos por lo que no computará para acceder a una beca. Además, no tendrá una asignatura espejo y se creará otra obligatoria nueva, Valores Cívicos y Éticos, centrada en los derechos humanos y las virtudes civico-democráticas como existe en otros países de la Unión Europea. La otra gran novedad es la eliminación definitiva de las evaluaciones finales de Primaria, ESO y Bachillerato, cuyo efecto académico ya fue paralizado por su antecesor. Y es que Íñigo Méndez de Vigo fue quien verdaderamente despojó estas polémicas pruebas de su carácter de reválida.

Se recuperarán los Programas de Diversificiación Curricular para apoyar al alumnado con más dificultades de rendimiento y las evaluaciones de diagnóstico en 4º de Primaria y en 2º de la ESO para “analizar planes para la mejora de los centros”.

El Gobierno vasco ya aplicaba estas medidas, del mismo modo que nunca ha implantado los itinerarios Lomce a partir de los 13 años que segregaban al alumnado en función de su rendimiento de forma temprana. Tampoco afectará al sistema educativo vasco la revisión del decreto de recortes anunciado por Celaá, puesto que el Gobierno vasco no subió los ratios alumnado-aula o el horario del profesorado y cubre las bajas desde el primer día de Infantil a Bachillerato.

La pública “eje del sistema” Durante la puesta de largo de los principios rectores de su mandato, se escucharon planteamientos que Celaá ha abanderado como consejera de Educación y parlamentaria en la oposición. El principal, el carácter central de la escuela pública, un planteamiento que ya le ha granjeado las primeras críticas de los colegios concertados. La ministra defendió la escuela pública como “eje vertebrador del sistema” para anunciar la derogación del artículo 109.2 de la Lomce, “un eufemismo”, según Celaá, “que puede propiciar que la escuela pública pueda considerarse subsidiaria de la concertada”.

Para asociación de Escuelas Católicas, la declaración de principios expresada por la socialista “causa inquietud y desaliento en un sector educativo que representa al 26 % del sistema educativo español”. En este sentido, la asociación subrayó que la Constitución defiende la libertad de enseñanza, la cual implica “la libertad de creación de centros” y “la libertad de las familias a elegir el tipo de centro conforme a sus convicciones y deseos para sus hijos”.

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