Neure kabuz

El Presupuesto del 155…

Por Jon Azua - Domingo, 22 de Abril de 2018 - Actualizado a las 06:00h

EN pleno mes de abril se inicia el debate de un presupuesto para el ejercicio 2018 a propuesta del Gobierno español, conocedor de su insuficiencia aritmética parlamentaria para su aprobación y del semestre escaso de ejecución que tendría disponible, determinando un limitado alcance en sus objetivos.

Ni el cuadro macroeconómico sobre el que se formula parece sostenerse, ni se observan compromisos orientadores de las reformas urgentes aplazadas en los años de crisis, ni contiene directrices para un escenario futuro diferente al continuismo crónico del pasado, ni parece responder a las demandas concretas de aquellos cuyo apoyo exige. En la calle, además, diferentes colectivos y grupos de interés, como es natural, reclaman sustanciales atenciones, ya sea para una industria o sector concreto, para un grupo de edad (jóvenes o mayores, según necesidades y expectativas), demandas de empleabilidad, retomar la senda favorable a la investigación, incrementos salariales, el turno de la función pública o el debate intergeneracional que suponen las pensiones para quienes hoy habrían de disfrutarlas o quienes han de pagarlas o esperan recibirlas en los próximos años, en un marco del imperfecto sistema de reparto, agravado por el desempleo estructural español y la desigualdad existente.

En todo caso, con la salvedad del primero de los comentarios -insuficiente respaldo parlamentario- y la limitada temporalidad de su virtual ejecución y cumplimiento, nada que no suponga el contexto ordinario tras cualquier proyecto de presupuesto. Ahora bien, como en toda coyuntura política, la búsqueda de apoyos supone el arte de la negociación y la política presupuestaria. Y, a la vez, superar el reclamo simplista que se propaga desde todo tipo de estamentos y jugadores externos: estabilidad (signifique lo que signifique).

Sin embargo, en esta ocasión, el legítimo rol político de la oposición supone una barrera para la pretendida aprobación que viene, de entrada, condicionada por un cierto caramelo envenenado del pacto previo con Ciudadanos que complica “la adhesión de terceros”, que diría el ministro español de Hacienda, Cristóbal Montoro (“son los presupuestos del Partido Popular. Si alguien se adhiere a ellos y los hace suyos, estupendo”). Barrera que excede, lógicamente, de una posición aislada y exclusiva de un presupuesto, considerado como el principal instrumento ejecutor de las políticas del Gobierno. No olvidemos que ha sido precisamente el Gobierno en minoría del PP quien ha recurrido, de forma permanente, a la excusa manipulada de la inexistencia de créditos presupuestarios finalistas para no aplicar todo tipo de iniciativas que la mayoría del Congreso ha aprobado exigiendo políticas y actuaciones no deseadas por el partido en el gobierno (educación, salud, dependencia, pensiones, infraestructuras, etc.). Adicionalmente, la encrucijada electoral lleva a la oposición (PSOE-Podemos, principalmente) al doble juego de evitar elecciones por un rechazo extremo al presupuesto a la vez que no asumir el coste del apoyo necesario. Un PSOE ausente de las grandes decisiones que requiere el estado de las cosas, un Podemos enfrascado en guerras intestinas, un Ciudadanos saboreando encuestas preelectorales y un PP rogando por el paso del tiempo, confiando que no hacer nada les permita mantenerse en su posición actual, sobrevivir. De esta forma, como si de una obligación de Estadose tratara, llevamos casi un año observando el reclamo permanente al PNV, exigiéndole un apoyo incondicional a los presupuestos, previamente descalificados por todo el arco parlamentario, bajo las acusaciones de “chantaje”, “teatro”, “desconocimiento de las bondades y regalos del gobierno para Euskadi”, etc. Y, agotados los improperios, el llamamiento a un quíntuple argumento que, a base de repetirse en todos los medios de comunicación, parecería conformar una verdad absoluta: Uno, que “El PNV quiere aprobarlos porque comparte en su totalidad el proyecto presupuestario del PP”;dos, que “El PNV necesita apoyar estos presupuestos para que el Gobierno español cumpla los compromisos adquiridos en la negociación del presupuesto 2017 y cuya aplicación no se ha realizado”;tres, que “El PNV debe aprobarlos porque, de lo contrario, los derechos que corresponden a los ciudadanos del País Vasco (Estatuto de Autonomía, Concierto Económico, Constitución española…) no se aplicarían”;cuatro, que “El PNV debe apoyarlos porque su obligación es lograr lo mejor para los vascos y estos presupuestos son generosos en inversiones del Estado, que de otro modo se eliminarían”;y cinco, que “Catalunya y el artículo 155 no tienen nada que ver ni con los vascos, ni con los presupuestos…, ni con los españoles”.

No es un mero hecho administrativoPues bien. Empezando por el final. Recordemos que el artículo 155 y su descontrolada aplicación en Catalunya no es un simple hecho administrativo de menor transcendencia que el Gobierno español, con el apoyo de Ciudadanos y PSOE y la complicidad de múltiples agentes del establishment y los aparatos del Estado, aplicara para convocar unas elecciones controladas al objeto de “normalizar la gobernanza en Catalunya”. Dicha decisión ha supuesto, en el marco de una clara estrategia de Estado, suprimir la autonomía, suprimir un gobierno y parlamento legítimamente elegidos y constituidos, intervenir y dominar presupuestos y cuentas públicas, eliminar políticas, empresas, agencias públicas, programas, proyectos (incluso el uso ordinario de la lengua catalana en determinados departamentos y áreas de gobierno y publicaciones oficiales) y administrar, sin control parlamentario alguno, los presupuestos y finanzas de Catalunya. Quienes aprobaron y/o apoyaron el 155 son responsables de tal despropósito y saben que su gestión les compromete no solo con un decreto aplaudido por un Senado cautivo, sino con su total despliegue y gestión (también presupuestaria). Porque una gran pregunta a hacernos es la siguiente: ¿cuál es el presupuesto del artículo 155? Y, por supuesto, ¿cuál es su traducción plurianual? ¿Cuál es el coste para Catalunya de su aplicación/supresión? Si hablamos de los presupuestos generales del Estado, análisis especial merecería el repaso detallado a un inexistente capítulo específico: “Presupuestos 2018. Artículo 155”.

Quienes aprobaron o apoyaron el 155 son responsables de tal despropósito y saben que su gestión les compromete no con el decreto aplaudido por un Senado cautivo, sino con su despliegue y gestión (también presupuestaria)

Así las cosas, no parece que el Procés Català sea algo diferente a los intereses implícitos de unos presupuestos generales del Estado. ¿Recogen, acaso, dichos presupuestos, créditos finalistas para los diferentes programas y políticas de gasto e inversión necesarios para restaurar el legítimo escenario pre 155?, ¿Contemplan, por ejemplo, los recursos de recreación de Diplocat (instrumento crítico en toda estrategia de internacionalización de su economía) o de la red de atracción de inversiones tan necesarias para Catalunya ¿O de la normalización de su policía autonómica, o de la actualización de las infraestructuras paralizadas o pendientes que el Gobierno español promete en sus discursos alternativos, disuasorios del independentismo? ¿Recogen los presupuestos del 2018 medidas especiales para recomponer un diálogo “autonómico” de pleno desarrollo estatutario, financiación, fiscalidad ad hoc? ¿Son unos presupuestos que permiten al “nuevo Gobierno” que presida un “candidato limpio” al gusto de la minoría del Parlament, encargar informes, estudios, proyectos que posibiliten alternativas a las “estructuras de Estado” inoperantes vigentes hoy en Catalunya?, ¿Son unos presupuestos facilitadores del diálogo y la recomposición de una Comunidad Autónoma, cuyo funcionamiento ordinario se ha visto trastornado?

Conocimiento de causa El PNV y con él las instituciones vascas, son plenamente conscientes de la importancia de un presupuesto, así como de su capacidad, coyuntural, de poner en valor sus votos para la aprobación de un presupuesto en el Congreso. No seré yo ni quien tenga que explicarlo ni mucho menos fijar posición alguna. Larga trayectoria, historia y experiencia acompañan a un partido centenario que sabe muy bien para qué fue fundado y cuál es su aspiración sirviendo a la sociedad vasca y que es plenamente conocedor de su rol y peso real en el Congreso, día a día. Hará lo que entienda su deber pensando en la gente, pensando en Euskadi… pensando, también, en Catalunya. No necesita que nadie le diga lo que debe o no debe hacer. De igual forma, su posición, hoy y siempre, respecto de Catalunya es clara, como lo es su propia experiencia conocedora de otros atajos legalistas del pasado. Sabe mucho de leyes y compromisos incumplidos. Y sabe diferenciar entre fuero y huevo.

Hoy se trata del presupuesto 2018. ¿Es también el presupuesto del 155? ¿Es también el del régimen económico de la Seguridad Social, o el de la Y (tren de alta velocidad), de los puertos y aeropuertos de “interés general”, del Concierto Económico, de las pensiones, del sector público estatal en Euskadi… de, al menos, el cumplimiento del Estatuto de Autonomía de Gernika? ¿Es el presupuesto obligado para el cumplimiento de lo pactado y cobrado en el presupuesto 2017?

Sin duda, mucho más que una simple charleta radiofónica de 30 segundos, o un discurso demagógico de quienes se saben ajenos a la decisión y sus responsabilidades directas o consecuencias. De momento, en esta fase previa en el proceso de tramitación presupuestaria en el Congreso, el PNV no ha impedido que el Gobierno español siga manteniendo viva su propuesta y mueva ficha en los diferentes frentes en los que ha de trabajar, empezando por Catalunya y el 155, para seguir, en su caso, con el resto de elementos esenciales por debatir, negociar y acordar. Otro largo mes por delante. En unas semanas sabremos si hay presupuestos o prórroga de los actuales, con o sin disolución del Congreso, con o sin artículo 155 nominal y en qué quedan ofertas, promesas y compromisos.

Lo único que sí sabemos, con certeza, es que lo parezca o no, el artículo 155 seguirá entre nosotros de una u otra forma (en Catalunya, por supuesto, y sobrevolando Euskadi en función de los intereses unilaterales del Estado). Sabremos, en este presupuesto 2018, también, en qué pretende invertir o gastar el Gobierno español en el capítulo 155, desde luego, “sin peligro de malversación alguna bajo el control unilateral del Gobierno que lo gestiona” (al parecer, un Parlamento es malversador por querellarse ante un magistrado en defensa de las decisiones mayoritarias de la Cámara o un Gobierno lo es por realizar trabajos y proyectos de prospectiva al intentar diseñar un futuro alternativo, mejor, al escenario actual;mientras otro, si disfruta de las prerrogativas de su “centralidad”, no lo es aun inserto en un círculo continuo de despilfarro y despropósito sin control democrático). Cosas de los presupuestos, diferentes interpretaciones unilaterales en el ejercicio del poder público.

En definitiva, ante los Presupuestos 2018, con Joseph Stiglitz: “quienes más sufren en una crisis económica o presupuestaria son quienes no jugaron ningún rol en crearla”. Y, por encima de todo, si no sabes hacia dónde van, es preferible un mal presupuesto de modo que no facilites llegar a ninguna parte.

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