pleno en el ayuntamiento

Bilbao tramitó 490 multas por practicar el botellón en 2017

El pleno insta a las instituciones competentes a dotar de presupuesto en 2019 los estudios constructivos de la Línea 4 del Metro

EP - Jueves, 22 de Marzo de 2018 - Actualizado a las 19:19h

Jóvenes, de botellón.

Jóvenes, de botellón. (DEIA)

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Jóvenes, de botellón.

El Ayuntamiento de Bilbao realizó el pasado año un total de 1.096 actuaciones policiales por botellón, 654 de ellas en el distrito de Abando-Indautxu, y tramitó 490 multas. Además, se llevaron a cabo 20 actuaciones por superar el aforo en locales en esta zona, y se incoaron 165 expedientes por orinar en la calle.

BILBAO. La concejal de Juventud y Deporte, Ohiane Agirregoitia, ha dado a conocer estos datos en el debate, en el pleno de este jueves, de una proposición del PP en la que se instaba al equipo de Gobierno a desarrollar un plan de ocio cívico para el distrito de Abando, que incluya potenciar la programación cultural, deportiva y de ocio saludable para jóvenes.

Finalmente ha salido adelante una enmienda de modificación del equipo de Gobierno en la que se insta a "desarrollar y evaluar los programas Gaztekluba, Gaztegunes e Ideak Martxan, para el fomento del ocio saludable entre los adolescentes de Bilbao, así como a "materializar aquellas medidas acordadas en el Pacto por la Seguridad que velan por un ocio seguro".

En la defensa de su proposición, el portavoz del PP, Luis Eguiluz, ha afirmado que los vecinos de Indautxu y Abando están "estresados" porque son los barrios "con más locales de hostelería y más quejas". Según ha criticado, estos vecinos "no ven que el Ayuntamiento sea eficaz y diligente".

Tras defender "el derecho al descanso por encima de otros", ha advertido de que "no cumplir la normativa agrava los problemas". "El botellón está prohibido, superar decibelios está prohibido, orinar en la calle está prohibido, y el Ayuntamiento debe usar todas las herramientas, como son el Pacto de Seguridad, las ordenanzas, y también las sanciones", ha afirmado.

Ohiane Agirregoitia ha defendido que "hay actuaciones" en estos barrios y ha recordado las medidas que se han acordado "entre todos" en el Pacto por la Seguridad "para seguir avanzando, o para incidir con mayor énfasis en aquellas cuestiones en las que existen carencias".

En este punto, también ha intervenido el alcalde, Juan María Aburto, quien ha afirmado que al Ayuntamiento lo que más le "preocupa" en este conflicto es el descanso de los vecinos. "Ese es el primer bien a proteger, mucho antes que el ocio y que cualquier otra cosa", ha subrayado, para negar el equipo de Gobierno que preside "fomente las licencias en Abando, porque lo que ha hecho es limitarlas". Además, ha asegurado que "ningún equipo de gobierno ha sancionado tanto como éste" y "lo vamos a seguir haciendo, sin olvidar las medidas preventivas".

LÍNEA 4 DE METRO
Por otro lado, en la sesión plenaria se ha aprobado una enmienda de modificación del equipo de Gobierno del PNV y el PSE, por la que el pleno se ha ratificado en el acuerdo de 23 de febrero de 2017 en relación a la Línea 4 de Metro, y, en ese sentido, se insta a las instituciones competentes a "recoger, en el próximo ejercicio presupuestario de 2019, consignación económica suficiente para continuar con dichos estudios".

Esta enmienda, que ha salido adelante con los votos de PNV y PSE, se ha presentado a una proposición del PP en la que se instaba al Gobierno vasco y a la Diputación Foral de Bizkaia a "licitar durante 2018 el proyecto constructivo del tramo Moyua-Rekalde de la Línea 4 del Metro".

La edil del PP Carmen Carrón ha pedido que esta línea de Metro, que beneficiaría a 70.000 usuarios, "deje de estar olvidada en un cajón" y ha criticado que lo que se quiere es "llevar el metro hacia el aeropuerto y no a los barrios de Bilbao, y cada vez tenemos más lejos el metro a Rekalde".

Desde EH Bildu, Bruno Zubizarreta ha exigido un "compromiso firme de cuál es la prioridad para los vecinos del sur de Bilbao, que ven que el metro se aleja cada vez más de su barrio, porque la prioridad es el metro al aeropuerto".

El portavoz de Ganemos Goazen Bilbao, Francisco Samir Ladhou, ha dicho que "si solo contase la voluntad de los bilbaínos,", la Línea 4 de Metro "podría hacerse, pero la decisión ya está tomada, y lo sabe todo el mundo, ya que hace un año la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, dijo que, debido a la falta de recursos, hasta 2020 solo se ejecutarían trámites administrativos respecto a esta línea". "Se sigue dando vueltas y tomando el pelo a los vecinos sobre una decisión que se sabe que ya está tomada", ha censurado.

La edil de Udalberri Bilbao en Común, Amaia Arenal, ha criticado que la Línea 4 de Metro es "la eterna promesa durante la campaña electoral", y "luego se mete en el cajón de los proyectos hasta que pasen otros cuatro años". Así, ha criticado que el Metro "se vende como el eje vertebrador de Bilbao, y aún no llega a muchos barrios de Bilbao". "23 años desde su inauguración y, de los 36 barrios de Bilbao, el metro solo llega a 17", ha criticado.

El portavoz del PSE-EE, Alfonso Gil, ha dicho que "no es cierto que este proyecto este en el cajón", ya que "en julio se va a entregar el proyecto constructivo del tramo Moyua-Rekalde". Gil ha asegurado que su voluntad y la del alcalde, Juan María Aburto, es "seguir avanzando, pero no engañar" y la Línea 4 de Metro es "una preocupación para este Ayuntamiento, que se transmite al Gobierno Vasco y Diputación, que son las instituciones competentes".

IMPUESTOS A LA IGLESIA
Por otro lado, el PNV de Bilbao, con el apoyo del PP, han rechazado realizar un estudio sobre las propiedades no religiosas de la Iglesia católica (lonjas, viviendas, colegios o cocheras) y de otras confesiones, a fin de cobrarles los impuestos pertinentes.

Ganemos Goazen Bilbao ha llevado esta proposición a pleno con el argumento de que en junio del año pasado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, más recientemente, el Contencioso Administrativo de Madrid, han dado la razón al Ayuntamiento de Getafe, al señalar que conceder beneficios fiscales a las obras que realice la Iglesia Católica en inmuebles ajenos a la actividad religiosa constituye una "ayuda de Estado" prohibida por la UE.

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