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Baja criminalidad pero cárceles muy pobladas

España afronta el debate sobre la prisión permanente pese a ser el tercer país europeo con menos delitos

Un reportaje de Imanol Fradua - Viernes, 16 de Marzo de 2018 - Actualizado a las 06:00h

Un grupo de personas grita pidiendo justicia al paso del furgón policial que traslada a la asesina confesa del niño Gabriel Cruz.

Un grupo de personas grita pidiendo justicia al paso del furgón policial que traslada a la asesina confesa del niño Gabriel Cruz. (EFE)

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Un grupo de personas grita pidiendo justicia al paso del furgón policial que traslada a la asesina confesa del niño Gabriel Cruz.

EL debate sobre la prisión permanente revisable en España se produce en un Estado sumido en una paradoja en el ámbito penitenciario. Por un lado presenta un bajo índice de criminalidad, de 43,2 delitos por cada 1.000 habitantes, pero, por otro, soporta una masificación de reclusos en sus prisiones, alcanzado la cifra de 60.000 internos, con el añadido de que sus penas son de una duración superior a las de sus vecinos europeos, que por ejemplo duplica a la de Alemania o Francia.

Como su propio nombre indica, la prisión permanente revisable es una pena de cárcel, en principio por tiempo indefinido, sujeta a revisiones que pueden servir para que el reo recupere la libertad. El objetivo de esta pena es impedir que los delincuentes más peligrosos que no han demostrado capacidad de reinserción puedan volver a la sociedad, poniendo en peligro la seguridad de las personas. Hasta su entrada en vigor, el Código Penal establecía unos límites de 25, de 30 o de 40 años de cárcel, según la gravedad de las penas (artículo 76), aunque reconocía el cumplimiento sucesivo de penas en caso de acumulación

La prisión permanente revisable no establece de salida un límite temporal para que el recluso salga a la calle, es indefinida en el tiempo, aunque fije la posibilidad de revisar la pena en una horquilla que va de los 25 a los 35 años siempre que el preso haya obtenido el tercer grado. La condena se aplica cuando concurre una circunstancia agravante específica. Es el caso de los crímenes que más repulsa social generan. Los asesinatos múltiples y de menores de 16 años o de personas vulnerables, los asesinatos después de secuestro, las violaciones múltiples o a menores tras secuestrarles o torturarles son los supuestos más impactantes, pero también incluye otros como las muertes por incendios, la liberación de energía nuclear, los delitos cometidos por miembros de una organización criminal o el genocidio. Más controvertida es la tipificación de los delitos contra la Corona: matar al rey, o a sus ascendientes o descendientes, o a la reina consorte.

El Estado tiene 133 presos por cada 100.000 habitantes, casi 60.000 en conjunto, lo que supone un 32% más que la media de la Unión Europea

Juristas de prestigio han venido advirtiendo de que la prisión permanente revisable esconde una cadena perpetua “incompatible con un sistema basado en la razón y en los derechos fundamentales”. Asimismo, ponen el foco en que la anterior reforma del Código Penal, de 2003, “ya permitía el cumplimiento efectivo de hasta 40 años de prisión y había endurecido el acceso a los beneficios penitenciarios”, además de incluir el cumplimiento sucesivo de penas en caso de acumulación, condición legal que se mantiene. Los defensores de la prisión permanente revisable apelan a la legislación comparada para equipararse a la Unión Europea. La mayoría de países del entorno cuentan con figuras penales similares, aunque el periodo de revisión es inferior a los 25 años en todos los casos, salvo Francia y Holanda, además de disponer de medidas de reinserción más factibles.

En Francia se le denomina “perpetuidad irreducible”;en los países nórdicos (donde la tasa de criminalidad es muy alta) lo llaman “custodia”;“pena por vida” es el nombre que recobe en Alemania, cuyos tribunales revisan las condenas a los 15 años. Con todo, es la Justicia belga la más laxa, ya que los presos con delitos graves pueden solicitar su excarcelación en 10 años. Contra España, sin embargo, juegan varios factores que amenazan con saturar unas cárceles ya de por sí masificadas por la dureza de la legislación española. Además de tener una tasa penitenciaria un 32% superior a la europea -133 reclusos por 100.000 habitantes-, el tiempo de estancia media es casi el doble.

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