descriminalización de las relaciones homosexuales

Kenia: Examen constitucional a un ‘castigo de Dios’

El alto tribunal del país debe dirimir sobre la ley que pena con catorce años de cárcel la homosexualidad

Un reportaje de Iñaki Kerejeta - Sábado, 3 de Marzo de 2018 - Actualizado a las 06:00h

Un grupo de personas que apoya al colectivo LGTBI de Kenia.

Un grupo de personas que apoya al colectivo LGTBI de Kenia. (Foto: I. Kerejeta)

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Un grupo de personas que apoya al colectivo LGTBI de Kenia.

EN el marco de la lucha legal contra el rechazo de la homosexualidad en las sociedades africanas, el colectivo LGTBI de Kenia elevó una petición judicial pidiendo la descriminalización de las relaciones homosexuales consentidas entre adultos, castigado severamente por dos artículos del código penal de este país. Los demandantes sostienen que la implementación de estos preceptos viola los derechos constitucionales de ciudadanos que nacen con una orientación sexual determinada, los derechos a la dignidad, la no discriminación, la privacidad, la protección legal o el acceso a la salud, y piden al alto tribunal que los declare inconstitucionales y los elimine del orden legal.

El colectivo LGTBI pide la supresión de dos artículos penales que castigan la homosexualidad con penas de 14 años de cárcel admitiendo el examen anal del sospechoso como medio de prueba. Del otro lado, responden a la demanda los abogados del estado, las iglesias y el senado (en representación de la nación).

violaciones de derechos humanosLos demandantes aportan documentación de violaciones graves de derechos humanos y constitucionales de personas gais, lesbianas, bisexuales, transgender e intersexuales, a causa de la implementación de estos preceptos penales que son, según el abogado demandante Paul Muite, “una reliquia del código colonial victoriano”.

Argumenta que no son concomitantes con los derechos a la dignidad, la privacidad, la no discriminación, el derecho a la protección legal o incluso el acceso a la salud de los ciudadanos. Aporta el peritaje de un profesor que explica que la orientación sexual no es algo que pueda elegirse. “Castigar o reprimir sentimientos innatos provoca daño social en lugar de soluciones”, según los demandantes.

El abogado de las iglesias responde que el acto homosexual es análogo al fraude fiscal, perpetrado en privado y pretendiendo no hacer daño a nadie. “En primer lugar se hacen daño a sí mismos, pues librándose a tales prácticas acaban cometiendo suicidios, abusando de las drogas y reduciendo su esperanza de vida” asegura el abogado Charles Kanyama y sigue: “En segundo lugar causan un daño sustancial a la familia, pues la amenazan y la constitución impone al estado el deber de proteger la familia. Y tercero, causan daño a los niños que quedan expuestos a estos comportamientos”. En su opinión, no es verdad que la orientación sexual no pueda correjirse, “si hay una atracción homosexual debe suprimirse por el bien social, como en el caso de un pedófilo”, señaló el letrado.

El abogado del Senado, Harrison Kinyanjui evoca la supremacía de Dios reconocida en el preámbulo de la constitución keniana del 2010 y defiende la criminalización de la homosexualidad en base a “los fundamentos de la nación y las culturas de las 42 tribus de Kenia”. Argumenta que antes de la llegada de los colonos ni siquiera existía una palabra para designar la homosexualidad. Aunque entonces tampoco existía el delito, le replican los demandantes.

Para el colectivo LGTBI la cuestión de fondo es el respeto y la protección legal de las minorías. La abogado del estado defiende que la cuestión debe decidirse en todo caso a través de un referéndum, pero los demandantes discrepan considerando que la no-discriminación y el amparo constitucional debe articularse con la creencia de la mayoría.

Para la pequeña multitud multicolor que ha asistido al juicio ha sido apenas el inicio de una conversación que hasta ahora se les niega y la prueba es que la sala estaba abarrotada de queers. Pero ni un sólo periodista keniano, y mejor así, dice Gigi Louise (lesbiana negra) pues “para dar gusto a los propietarios de los medios habrían ridiculizado e insultado una vez más al colectivo reproduciendo el estigma social”. La decisión ha quedado en manos de tres jueces.

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