Bilbao- Una quincena de juristas vascos, entre los que se encuentran cinco jueces y dos fiscales en ejercicio de sus funciones, se encuentran entre los más de 230 catedráticos y profesores universitarios, fiscales y jueces progresistas de todo el Estado que han suscrito un manifiesto “contra la cadena perpetua”. El documento censura la pretensión del Gobierno del PP de no solo mantener la prisión permanente revisable, sino extenderla a otros supuestos delictivos, por lo que reclama su “inmediata derogación”.

El manifiesto, promovido por el Grupo de Estudios de Política Criminal y apoyado por Jueces y Juezas para la Democracia, la asociación de juezas y jueces Agora y por la Unión Progresista de Fiscales, ha recibido el apoyo expreso de la presidenta de la Sala de lo Social del TSJPV, Garbiñe Biurrun;los magistrados de la Audiencia de Bizkaia Juan Mateo Ayala, Edmundo Rodríguez Achútegui y Nekane San Miguel;el juez de la Audiencia de Gipuzkoa, Augusto Maeso, y el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Bilbao, Urko Giménez Ortiz de Zarate.

También lo han suscrito los fiscales de Bizkaia María José Berdugo García-Maestro y Arantza López Martín, junto al exfiscal superior de la CAV, Juan Calparsoro. Otro apoyo destacado es el de la exvicepresidenta del Constitucional y catedrática de Derecho Penal en la UPV/EHU, Adela Asúa, junto a otros profesores y catedráticos como María Soledad Gil Nobajas, Demelsa Benito Sánchez, Jon Mirena Landa y Eider Barrenetxea Beaskoetxea.

El documento reclama “rigor en el debate legislativo sobre la delincuencia y la prisión permanente revisable, y la inmediata derogación de una institución innecesaria, cruel e incompatible con un sistema de intervención penal basado en la razón y en los derechos fundamentales”. No en vano, alerta de que pese a que algunos partidos propusieron derogar la prisión permanente revisable, la constrapropuesta del PP la extiende “sin ningún estudio criminológico previo”. Se trata, a su juicio, de una “respuesta mediática a un problema mediático”.

anticonstitucional Los juristas recuerdan que la anterior reforma del Código Penal, fechada en 2003, “ya permitía el cumplimiento efectivo de hasta 40 años de prisión y había endurecido notablemente el acceso a los beneficios penitenciarios”, por lo que, de facto, “ya existía la posibilidad de una pena con un régimen similar a la cadena perpetua para determinados supuestos excepcionales”. Se trata, asimismo, de una modificación legislativa “contraria a la Constitución”, que además “vulnera el mandato de orientación de las penas a la reinserción” al convertir las condenas “en un instrumento menos humano y más dirigido a la venganza”. - DEIA