BILBAO- Finalmente, Carles Puigdemont no esperó a que Bélgica tramitara la euroorden y movió ficha entregándose voluntariamente a las autoridades belgas junto a los cuatro exconsellers que permanecían con él en Bruselas -Meritxell Serret, Toni Comín, Lluís Puig y Clara Ponsatí-. Los cinco quedaron en libertad con medidas cautelares a última hora de ayer, con la obligación de permanecer en el país y comparecer cuando se les requiera.

De esta manera, el president destituido se ahorró el ser detenido y se ofreció a colaborar con la Justicia de Bélgica para dar arranque a lo que se prevé será un enrevesado y largo proceso. No en vano la euroorden cursada por la Audiencia Nacional para detenerlo y extraditarlo sigue su curso, pese a que el juez belga dictara la libertad provisional con cargos. Puigdemont abandonó la sede judicial a última hora, mientras era jaleado por una decena de catalanes al grito de “No esteu sols” (No estáis solos) portando una bandera catalana y una estelada. Las formaciones nacionalistas también celebraron, mediante las redes sociales, la situación procesal en la que quedaron los cinco exresponsables del Govern.

En este enésimo giro de los acontecimientos, Puigdemont y los cuatro exconsellers -que llevaban en Bélgica desde el pasado 30 de octubre investigados por los delitos de rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia a la autoridad- optaron por pactar su entrega y se presentaron a las 09.17 horas de ayer en la comisaría de la calle Royal de Bruselas, acompañados por sus abogados. Posteriormente fueron trasladados en furgón policial a la Fiscalía. Allí fue donde por la tarde les tomaron declaración, por espacio de cinco horas, a puerta cerrada y acompañados por sus letrados y un traductor. Según explicó el portavoz de la Fiscalía, Gilles Dejemeppe, el expresident llegó a un acuerdo con las autoridades. “Hemos tenido contactos regulares con los abogados y se acordó una cita en la comisaría de la Policía federal”, afirmó.

Tras la entrega voluntaria, eran tres las opciones que estaban sobre la mesa: el magistrado podía rechazar la euroorden del Estado español, podía admitirla a trámite y enviar a los cinco investigados a una prisión belga o podía dejarlos en libertad condicional, como finalmente ocurrió. Aunque al cierre de esta edición se desconocía la identidad del juez instructor, sí ha trascendido que se trata de un magistrado flamenco, idioma que ha sido elegido por Puigdemont y los exconsellers para el procedimiento. Esta elección puede deberse a los consejos de los letrados, que interpretarían que un juez flamenco podría ser más favorable a los intereses de los procesados.

Tras la decisión preliminar del magistrado, comienza un proceso judicial que podría alargarse un tiempo indeterminado. En primer lugar, la euroorden -que ya ha sido admitida- debe ser examinada por la Cámara del Consejo de Bruselas, un tribunal de primera instancia, que dispone de 15 días para tomar una decisión. Después, las partes podrán recurrir el fallo de este órgano ante la Corte de Apelación, que tendrá otras dos semanas para pronunciarse y, en última instancia, el asunto podría llegar a la Corte de Casación, que cuenta también con 15 días de margen para emitir su sentencia.

Pero además, la euroorden establece un plazo máximo de 60 días para resolver los procesos de extradición entre dos Estados miembros de la Unión Europea, un periodo que puede incluso ser ampliado en 30 días, hasta llegar a los 90 en situaciones excepcionales. Según precisa la Fiscalía belga, estos procedimientos se aplican a las personas que están detenidas y a la espera de ser extraditados, por lo que al haber quedado Puigdemont en libertad el periodo podría ser todavía mayor.

Lo que es seguro es que Puigdemont, asesorado por el letrado Paul Bekaert, interpondrá los recursos necesarios para agotar todos los plazos. Mientras tanto, el expresident podría concurrir a las elecciones del 21-D, como le ha pedido que haga su propio partido, ya que no pesa sobre él inhabilitación alguna. El Gobierno español ya reconoció el pasado viernes que no puede impedir que se presenten los cargos del Govern cesados. “En cuanto a quién puede formar parte de las listas electorales, de acuerdo con nuestra legislación electoral, mientras no exista una condena firme que lleve aparejada la inhabilitación, todo el mundo está en posesión de sus derechos civiles y políticos”, admitió el ministro Iñigo Méndez de Vigo.

Apoyos en Bélgica

Mientras se aclara todo el embrollo judicial, Carles Puigdemont recibió ayer apoyos significativos de representantes políticos de Bélgica. Para empezar, el del ministro del Interior belga, el nacionalista flamenco Jan Jambon, que reclamó un “juicio justo” para Puigdemont y los exconsellers. “La comunidad internacional debería velar por que los dirigentes catalanes perseguidos por la Justicia española tengan un proceso justo”, defendió Jambon.

Otro de los respaldos fue el del portavoz de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa (ALDE), el belga Guy Verhofstadt, que cuestionó los encarcelamientos y calificó de “desproporcionadas” las medidas del Gobierno español. El dirigente de ALDE, alianza europea a la que pertenecen el PDeCAT y el PNV, pero también Ciudadanoss, demandó “diálogo y compromiso” para solucionar la crisis catalana. Finalmente, el ex primer ministro de Bélgica, el socialista francófono Elio di Rupo, llamó “franquista autoritario” a Rajoy por el “abuso de posición” con el que a su juicio ha actuado.