DONOSTIA. Las plataforma Kaleratzeak Stop Desahucios de Euskadi ha hecho este anuncio en una concentración celebrada ante el Palacio de Justicia de Donostia a la que han acudido varias personas afectadas por esta situación que, además de haber perdido sus viviendas, soportan deudas "infladas" por cláusulas "abusivas", costas y gastos judiciales, ha denunciado la portavoz, Rosa García.

La campaña impulsada por Kaleratzeak Stop Desahucios Euskadi arranca con la interposición de demandas en los juzgados de Gasteiz, Tolosa y Donostia por los casos de seis familias, cuatro de Gipuzkoa y dos de Araba, que, según denuncian, "no tuvieron ninguna posibilidad de defensa" ya que el cambio normativo llegó después.

"En seis meses les subastaron sus viviendas, se las quedaron por cantidades ridículas y les dejaron en la calle reclamándoles una deuda inflada" que soportan de por vida, ha denunciado Rosa García.

Ha argumentado que fueron "ejecuciones hipotecarias basadas en cláusulas que hoy sabemos que eran abusivas" como la de vencimiento anticipado que permitía que por el impago de una cuota, como le ocurrió a Marian de Pasaia, o de tres cuotas, como a Olga de Vitoria, exigir la totalidad del préstamo y subastar la vivienda.

"El resultado es que cada una de estas familias perdió su casa y arrastra deudas impagables" como es el caso de Marian, cuya deuda de dos millones de pesetas en 1996 alcanza ahora los 30.000 euros o la de 100.000 que arrastran Manu y Rosa, vecinos Goierri, en ambos casos con hijos menores a su cargo.

Stop Desahucios afirma que "el calvario de estas familias durante todos estos años es indefinible" ya que a día de hoy siguen padeciendo el "embargo de salarios o pensiones por deudas ilegítimas que fueron levantadas sobre el abuso de los bancos y una legislación e instituciones a su servicio".

Rosa García ha hecho un llamamiento a todas las familias que puedan estar en esta situación a sumarse a esta campaña en la que participan los abogados de Stop Desahucios José María Erauskin y Maite Ortiz.

Erauskin ha recordado el punto de inflexión que supuso en la normativa hipotecaria actual la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que, en marzo de 2013 cuestionó las ejecuciones hipotecarias en los casos que incluían cláusulas abusivas, lo que obligó a España a realizar cambios legislativos en su normativa.

Esta modificación hizo posible que el ejecutado pudiera alegar la existencia de cláusulas abusivas en la liquidación de la deuda que anteriormente se "inflaba tremendamente con todos los abusos", mientras "las viviendas que estaban en garantía se valoraban en la mitad".

Ha comentado que esto daba lugar a una "deuda perpetua" que impide a las personas que la soportan acceder al mercado laboral porque no pueden "alquilar una furgoneta o un local", ni "comprar un móvil" o ser titulares de una "tarjeta de crédito".

Erauskin ha explicado que la diferencia es tan sustancial que en algunos casos puede ocurrir que, con los nuevos cálculos, sea el banco el que adeude dinero a estas personas desahuciadas cuya deuda se incrementó como consecuencia de cláusulas suelo o intereses de demora abusivos.