BILBAO. Además, ha negado que se atribuya a la comisión de valoración, que debe encargarse de las ayudas y medidas de reparación a estas víctimas, de competencias "que invadan la función de jueces o tribunales", porque sus atribuciones "se sitúan en un marco administrativo y no penal".

El Gobierno de Mariano Rajoy ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la Ley vasca Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos en el contexto de la violencia de motivación política en el País Vasco entre 1978 y 1999, aprobada en el Parlamento vasco el 28 de julio del año pasado con el apoyo del PNV y el PSE-EE, el voto en contra del PP y de UPyD, y la abstención de EH Bildu.

La Norma vasca prevé la creación de una Comisión de Valoración que debe encargarse de analizar las solicitudes que presenten los damnificados para acogerse a las ayudas y medidas de reparación. El Ejecutivo central cree que la Ley atribuye a esta comisión funciones de investigación sobre posibles hechos delictivos cometidos en el pasado que, según la Constitución, estarían reservados exclusivamente a jueces y tribunales de justicia.

En una comparecencia ante los medios de comunicación, Fernández ha afirmado que todavía no han tenido acceso al contenido del recurso del Gabinete de Rajoy, pero considera que "está construido sobre pretextos y no sobre argumentos jurídicos".

COMISION DE VALORACIÓN

En este sentido, cree que se atribuye a la Ley "lo que no dice, para acto seguido tacharlo de inconstitucional". En todo caso, ha asegurado que la Norma, no sólo no atribuye a la comisión de valoración "ninguna competencia que invada la función de jueces o tribunales, sino que excluye expresamente esta posibilidad". "Sus atribuciones se sitúan en un marco administrativo y no penal", ha aseverado.

Jonan Fernández ha manifestado que el proceso de reconocimiento de las víctimas "es administrativo, independiente al penal", y ha puntualizado que, si no fuera así, "cientos de víctimas no podrían ser reconocidas hasta que no hubiera una decisión judicial firme".

Tras afirmar que toda la Ley no ha sido suspendida, ha apuntado que, al parecer, se han suspendido diez cláusulas que afectan parcialmente a cinco artículos y a una disposición adicional. Por ello, ha anunciado que el Gobierno vasco seguirá trabajando "con paso firme" en esta materia, desarrollando la Ley en todo aquello en lo que no está suspendida.