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El Gobierno vasco, "decepcionado"

El Gobierno español recurrirá la ley vasca de víctimas de abusos policiales

EFE - Viernes, 5 de Mayo de 2017 - Actualizado a las 18:16h

Íñigo Méndez de Vigo y Fátima Báñez a su llegada a la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

Íñigo Méndez de Vigo y Fátima Báñez a su llegada a la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros (EFE)

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Íñigo Méndez de Vigo y Fátima Báñez a su llegada a la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

El Gobierno interpondrá un recurso de inconstitucionalidad contra la ley del País Vasco de víctimas policiales, aprobada por el Parlamento vasco el 28 de julio de 2016, según ha acordado hoy el Consejo de Ministros.

MADRID. La ley, denominada de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en el País Vasco entre 1978 y 1999, fue aprobada con los votos de PNV y PSE-EE, contó con la abstención de EH Bildu que la consideró insuficiente y la oposición de PP y UPyD por estimar que era "insegura jurídicamente".

La ley se aprobó hace casi un año por el Parlamento autonómico y su objetivo era continuar con el camino emprendido en 2012 por el Gobierno Vasco para atender a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos que no habían sido reconocidas ni reparadas hasta la fecha.

De hecho, en su día, esta ley fue considerada por el lehendakari, Iñigo Urkullu, una "pieza necesaria" para construir la convivencia.

EL GOBIERNO VASCO, DECEPCIONADO

El Gobierno vasco ha expresado su "profunda decepción" ante el acuerdo adoptado hoy por el Consejo de Ministros de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la ley vasca de reconocimiento y reparación a las víctimas policiales.

La denominada "Ley de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos en el Contexto de la Violencia de Motivación Política en el País Vasco entre 1978 y 1999" fue aprobada el 28 de julio de 2016 con los votos del PNV y el PSE-EE, contó con la abstención de EH Bildu que la consideró insuficiente y la oposición de PP y UPyD por estimar que era "insegura jurídicamente".

El objetivo de esta ley era continuar con el camino emprendido en 2012 por el Gobierno Vasco dirigido entonces por el lehendakari socialista Patxi López para atender a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos que no habían sido reconocidas ni reparadas hasta la fecha, según se expuso entonces.

La decisión adoptada hoy por el Consejo de Ministros se produce dos días después del acuerdo entre los gobiernos central y vasco sobre el Cupo y del pacto entre el PP y el PNV para aprobar los Presupuestos Generales del Estado de este año.

El Gobierno vasco ha expresado su "profunda decepción" por el recurso ya que con esta decisión el Ejecutivo de Mariano Rajoy "se desentiende de la obligación" que tienen todos los poderes públicos de "dar respuesta a los derechos que corresponden a las víctimas de vulneraciones de derechos humanos".

Además, "es decepcionante porque contraviene el mandato del derecho internacional de los derechos humanos y de los derechos de las víctimas", señala el Gobierno de Urkullu en un comunicado.

El Gobierno vasco anuncia que seguirá "trabajando intensamente" para defender "la plena legalidad y viabilidad de esta ley" y para "ofrecer reparación a aquellas víctimas de vulneraciones de derechos humanos que no hayan recibido el debido reconocimiento".

Aunque no conoce el detalle del recurso que se ha anunciado, el Ejecutivo vasco está convencido de "la plena seguridad jurídica de todo el articulado de la Ley 12/2016, tal y como ya han corroborado expertos juristas del más amplio y plural espectro en el ámbito vasco, estatal e internacional".

De hecho, el pasado 24 de abril un informe del expresidente del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas Fabián Salvioli avaló que la norma "se ajusta" "a rajatabla" al derecho internacional.
La ley incorporó la práctica totalidad de las enmiendas parciales socialistas, la mayoría de ellas tendentes a dotar a

la norma de la máxima seguridad jurídica y evitar que el Gobierno central la recurriese por vulnerar la Constitución o infringir competencias exclusivas estatales.

Por ello se eliminaron todas las alusiones a la "represión ilícita" y se excluyeron como víctimas a las personas que fallecieron o resultaron heridas durante la manipulación de armas o explosivos con el fin de desarrollar alguna actividad violenta.

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