Al Gobierno español se le complica cada vez más la defensa del macrocentro de refugiados en Gasteiz, y está encontrando resistencias que van más allá de lo que esperaba y que trascienden lo político. El resultado de la charla informativa con los vecinos que mantuvo el lunes su delegado en suelo vasco, Denis Itxaso, puso de manifiesto las reservas de los participantes en el encuentro. Estos recelos amplifican la soledad política del PSE a la hora de defender un proyecto con 350 plazas que rechazan los representantes del PNV en la alcaldía y el Gobierno vasco porque complica una atención personalizada, y del que también dudan las asociaciones que trabajan con los refugiados, como Zehar Errefuxiatuekin y Cáritas, por el riesgo de convertirlo en un gueto y por su masificación.
El propio Denis Itxaso ha admitido este martes las desconfianzas de los vecinos del barrio de Arana, donde se sitúa la clínica que el Estado quiere rehabilitar con ese objetivo, aunque insistió en defender el proyecto del Ministerio de José Luis Escrivá. En una entrevista en Euskadi Irratia, lo resumió asegurando que la mayoría de los vecinos están de acuerdo con habilitar un centro de refugiados, "pero no en su barrio", y otros plantean dar otra finalidad al edificio, como un centro de cuidados para el alzheimer o un centro sociosanitario. Ante la presión recibida en ese sentido, Itxaso despejó el balón y trató de culpar a la parte vasca. Dijo que los usos sanitarios son competencia vasca, de Osakidetza o de la Diputación foral, y que ninguna de las dos planteó ofertas en ese sentido cuando el edificio salió a subasta ni plantearon comprarlo. Lo que no dijo Itxaso es que existía un informe técnico foral que desaconsejaba la reutilización porque el edificio presenta "amplias disfunciones de diversa índole", según el documento de 2009 al que ha podido acceder este periódico.
Fisuras "generalizadas", "déficits de seguridad de evacuación"...
El edificio siempre ha sido propiedad de la Seguridad Social, pero en aquella época estaba cedido a la Diputación de Araba. En primer lugar fue una clínica, y después se convirtió en residencia. La Diputación de Araba encargó un informe a su servicio de arquitectura con la idea de reformar íntegramente la residencia, de manera que se transformara en un centro viable y moderno. Este informe, de 2009, detectó múltiples deficiencias ya en la época, aunque por aquel entonces los estándares eran más laxos. Concluyó que la reforma era posible pero muy costosa, porque implicaba derribar uno de los dos edificios del complejo. El edificio trasero era insalvable para los expertos, que aconsejaban su demolición total. La parte principal sí se podía reformar, aunque exigía unos cambios en los comedores que implicarían reducir el número de plazas y tener problemas de espacio. El informe veía en los edificios, sobre todo en el trasero, carencias como los recorridos "excesivos" en sus distancias interiores, con ascensores "pequeños y estrechos", "déficits de seguridad de evacuación", fisuras "generalizadas" en las fachadas del trasero, calefacción obsoleta, la necesidad de incurrir en unos "costes excesivos en comparación con el valor de construcción", y "griferías inadecuadas". Se optó por empezar de cero construyendo las residencias de Lakua y del Zadorra.
El coste de las obras se cifraba en 24 millones, que ahora ascenderían a 30, según los cálculos forales por la actualización del IPC. Nuevamente en 2018, el Gobierno vasco comprobó que la clínica era inadecuada para absorber la presión migratoria a la que se estaba enfrentando: por razones de ubicación (los migrantes en tránsito necesitaban estar cerca de la frontera y no en Gasteiz) y por el estado maltrecho del edificio. Lo comprobaron Monika Hernando y, desde Zehar, Patricia Bárcena. Se optó entonces por activar como recurso Larraña Etxea en Oñati. ¿Por qué el Estado da el paso ahora? El PNV ha recordado los problemas que aquejan a este edificio, con aluminosis, y cree que la obra será titánica, mientras que el Estado pretende convertirlo en un macrocentro de refugiados por 14,6 millones, casi la mitad del dinero que se estimó necesario para la residencia. Esta rehabilitación va a correr a cargo de los fondos europeos.
"Las 300 plazas no estarán siempre llenas"
Por otro lado, el delegado del Gobierno español restó trascendencia a que el centro vaya a tener 350 plazas y alegó que hay "mucho desconocimiento" cuando se apuesta por centros más pequeños con el argumento de que la atención va a perder calidad o dignidad en esas condiciones. Argumentó que hay otros centros de estas características en el Estado, que se gestionan también con las ONG y están integrados en los pueblos. Pero, al mismo tiempo, se vio en la necesidad de justificar que "esas 300 plazas no quiere decir que siempre vayan a estar llenas", sino que son plazas que se contemplan para cubrirse las espaldas en caso de emergencia. Su discurso dejó ver así ciertas contradicciones, porque sacó pecho del modelo de las 350 plazas pero, al mismo tiempo, se vio en la necesidad de matizar que la ocupación no siempre será del 100%.
El delegado del Gobierno español defendió que este edificio es propiedad de la Seguridad Social y que la renovación es razonable. La competencia sobre migración es por ahora del Estado. Este debate comienza a presentarse cuesta arriba para los socialistas, que en un primer momento habían tratado de situar las dudas de la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, como un mero producto de una precampaña electoral para hacerse con la Alcaldía de Gasteiz en los comicios del 28 de mayo. El secretario general del PSE, Eneko Andueza, llegó a tildar sus declaraciones de xenófobas aunque utilizó los mismos términos que Cáritas y Zehar, Denis Itxaso desvió después el foco asegurando que en todo momento estuvo informada (solo le llegó un comentario informal de Escrivá), y más tarde llegó a asegurar que el Gobierno vasco le pidió habilitar el edificio para los migrantes en tránsito hace unos años, aunque el ofrecimiento se produjo justo al contrario. Este martes, Itxaso ha culpado a la Diputación de no haber propuesto otros usos, ha dicho que el uso sanitario "no concierne al Estado" ni es de su competencia, y ha sostenido que la consejera mezcla el debate de los refugiados con los migrantes, algo que "le hace daño" a la discusión.
El Gobierno español ha sacado a concurso la licitación de las obras en el Boletín Oficial del Estado de manera unilateral a pesar de este rechazo. El PSE ha sido el único en salir en defensa de este proyecto.
