PNV y PSE han dado el pistoletazo de salida a la negociación de la reforma fiscal. Los dos partidos que gobiernan en las tres diputaciones de la comunidad autónoma mantuvieron el lunes por la mañana en Bilbao una primera toma de contacto que sirvió para oficializar sus intenciones de analizar los últimos cambios de 2018. Este proceso supone cumplir el compromiso adquirido de revisar la fiscalidad a partir de enero de este año. El primer contacto se ha llevado a cabo entre las ejecutivas (pero sin los líderes Andoni Ortuzar y Eneko Andueza), con los burukides jeltzales Koldo Mediavilla y Joseba Aurrekoetxea, y los socialistas Begoña Gil y Miguel Ángel Morales.
El proceso será largo y complejo por las variables que hay que analizar, como la recaudación necesaria para sostener los servicios públicos y apoyar a los jóvenes, pero también fomentar el empleo. La aprobación de la reforma quedará ya para finales de año, para la nueva legislatura foral. Esto es así porque las instituciones competentes para aprobar las modificaciones son las Juntas Generales de los tres territorios, y esas Juntas tendrán que disolverse a principios de abril por las elecciones del 28 de mayo. Ninguno de los dos partidos contempla obligarse a cerrar todo el proceso para entonces, porque supondría a asumir el debate con prisas y unas urgencias que amenazarían la reforma y que tampoco son necesarias porque la nueva fiscalidad, de todos modos, entraría en vigor en 2024. La apuesta es aprobar la reforma antes de que acabe el año. En cualquier caso, ambos partidos se han manifestado ya a favor de que el marco general de esta reflexión sea la apuesta por “aumentar la progresividad”, tal y como subrayaron en una nota de prensa conjunta. Las fuentes consultadas por este periódico no precisan si la reflexión afectará al IRPF y al Impuesto de Sociedades, aunque los jeltzales abordan este debate sin “líneas rojas”, tal y como aclaran desde su Ejecutiva.
El impuesto a los ricos de Sánchez
Ambos partidos sí han pactado una interpretación conjunta, una guía de actuación para decidir cómo se aplica en Euskadi el impuesto a los ricos que ha aprobado Pedro Sánchez en el Estado, y que en el caso español se aplicará a 2022 y 2023. Este impuesto de solidaridad para las grandes fortunas se concibió para las comunidades del PP, que en la práctica han vaciado de contenido el Impuesto de Patrimonio con bonificaciones. Es algo que no ha sucedido en Euskadi, que mantiene este impuesto y, además, tiene autonomía fiscal en virtud del Concierto Económico. La concertación de este impuesto para que Euskadi pueda regularlo se ha pactó en la Comisión Mixta a finales del año pasado, pero aún le quedan trámites por delante que abocan a que en Euskadi solo se aplique este año 2023.
¿Qué es lo que dice la nota de prensa? PNV y PSE se reafirman en la “adaptación” de este impuesto al caso vasco. Eso sí, añaden como matiz que el proceso aún “debe concluir con la modificación de la Ley del Concierto” en el Congreso de los Diputados y en el Senado para incluir este impuesto, un trámite pendiente, así como “su regulación en las respectivas Juntas Generales”. Todos esos pasos van a ocurrir en 2023. ¿Qué significa? En España, todo el proceso acabó en diciembre de 2022, en el Congreso y el Senado, lo que permite aplicarlo de manera retroactiva al propio año 2022. Pero, en el caso vasco, la tramitación acabará en 2023, lo que impide aplicarlo de manera retroactiva a un periodo, el año 2022, en el que aún no aparecía el impuesto en la Ley del Concierto ni se había aprobado en Juntas. Se incurriría en un riesgo de inconstitucionalidad por la llamada retroactividad auténtica.
Por lo tanto, a diferencia de lo que sucede en el Estado, en Euskadi se va a cobrar el Impuesto de Patrimonio sobre el ejercicio 2022, y ya en 2023 se aplicará la adaptación del impuesto a los ricos. Esta adaptación exigirá también un análisis exhaustivo para evitar la doble imposición, es decir, gravar dos veces por el mismo concepto.
La voluntad del PNV es que la adaptación sí entre en vigor en 2023, pero necesita seguridad jurídica. El impuesto a los ricos se aprobó en el Congreso y el Senado en diciembre con la intención de aplicarlo sobre 2022 y 2023, supondría gravar con un 1,7% el patrimonio que supere los 3 millones de euros, y establece horquillas que van hasta el 3,5%. Los expertos realizan aún comparativas en un caso que no es del todo fácil homologar, por las diferentes escalas y porcentajes. En Bizkaia, el Impuesto del Patrimonio se sitúa en porcentajes máximos del 2%, y en Gipuzkoa y Araba se sitúa en el 2,5%.
Fuentes socialistas coinciden en que primero deberán acabar los trámites en el Congreso y el Senado y habrá que ver “cómo andamos con los tiempos”. Comparten también la idea de buscar la complementariedad. Este compromiso parece alejar la posibilidad de un conflicto entre ambos partidos sobre esta cuestión, aunque era un debate en el que Eneko Andueza había marcado cierto perfil asegurando que el impuesto debe aprobarse también en Euskadi. La negociación parece discurrir en términos pacíficos.
Alquiler de vivienda
Antes de iniciar este debate fiscal, el PSE había mostrado su frialdad con otras medidas como las deflactaciones fiscales impulsadas por el lehendakari, medidas que consideró insuficientes aunque venían acompañadas de cheques para las rentas más bajas. A la altura de octubre, el PSE sugirió unos cambios para favorecer el alquiler de vivienda, aunque ambos partidos acordaron finalmente abordarlo dentro de un acuerdo global en la reflexión que comienza ahora.
¿Revolución fiscal?
La nota de prensa de PNV y PSE habla en términos de “reforma” y no de meros ajustes, lo que sugiere ambición, aunque tampoco parece que el debate se vaya a encaminar hacia una revolución fiscal. Una pista la puede dar la valoración “muy positiva” de la reforma de 2013 y los ajustes de 2018, un esquema que ha permitido “garantizar ingresos suficientes para el mantenimiento de unos servicios públicos de calidad y el apoyo a la economía productiva, dentro de un marco razonable de progresividad”. Los últimos cambios rebajaron el Impuesto de Sociedades del 28% al 24%, pero con modificaciones en las deducciones para no perder poder recaudatorio.
La negociación se desarrollará de manera conjunta y será discreta, alejada de los focos. La nota apuesta por evaluar los cambios coyunturales que se han realizado en los últimos tiempos para adaptarse a la pandemia o la crisis energética, y defiende la fiscalidad como una “potente herramienta de reparto de la riqueza y de lucha contra la desigualdad”, y de respuesta al reto demográfico, la transformación digital, la economía sostenible, los cambios en el empleo y un “sinfín de fenómenos”.
