El Gobierno español ha anunciado hoy por sorpresa que quiere acabar con la mayoría de tres quintos que se requiere actualmente en el proceso de elección de los dos candidatos al Tribunal Constitucional (TC) que tiene pendiente realizar un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) totalmente dividido en dos corrientes e incapaz de llegar al consenso necesario en esta cuestión.
Para acabar con un bloqueo en la renovación del Constitucional que amenaza con eternizarse debido a los titubeos y maniobras paralizantes del Poder Judicial, Moncloa plantea una reforma legal que acabaría con la mayoría reforzada actual y permitiría que la corriente conservadora y la progresista designaran cada una a un candidato.
Esto, sumado a los dos aspirantes que le corresponden a Moncloa y que ya tiene elegidos, conllevaría la ansiada renovación del TC y aliviaría en parte el bloqueo y el descrédito de la Justicia española.
Sin embargo, la fórmula que plantea el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene ya un buen puñado de enemigos en las instituciones y partidos políticos. Principalmente, la derecha y la extrema derecha, que han estallado en críticas hacia el presidente socialista con un tono un tanto sobreactuado.
Y es que tanto en Vox como en Ciudadanos han llegado a comparar a Sánchez con Pedro Castillo, el ya expresidente peruano depuesto y encarcelado esta semana tras un intento de autogolpe de Estado.
En esa senda de críticas de “autoritarismo” al Gobierno español, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado también que su partido volverá a presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, aunque en esta ocasión no con el propio Abascal como candidato, sino con una “figura neutral”.
A esta idea estéril de moción de censura –la oposición no suma los votos necesarios– se ha sumado una Inés Arrimadas envuelta en una sangrante pugna interna en Ciudadanos y en plena deriva ultra.
El PP, por su parte, ha estado algo más comedido y, aunque carga con dureza contra el Gobierno de coalición, se limitará a recurrir en los tribunales la futura reforma en caso de que se materialice, y no secundará moción de censura alguna en la Cámara Baja.
¿En qué consiste el cambio?
Respecto a la reforma del procedimiento en sí, el PSOE y Unidas Podemos han aprovechado los cambios en el Código Penal para introducir enmiendas que permitan sortear el bloqueo que el grupo de vocales conservadores del Poder Judicial viene practicando desde hace meses para impedir la renovación del Tribunal Constitucional.
Se trata de una serie de enmiendas a la Ley Orgánica del Poder Judicial que incluso proponen la posibilidad de castigar con responsabilidades penales a aquellos vocales que incumplan la ley, como está ocurriendo en estos momentos.
En general, el texto pactado por socialistas y morados y registrado hoy en el Congreso establece un mandato imperativo y un calendario para la renovación de los dos magistrados del TC que competen al órgano de Gobierno de los jueces. Para ello, se propone la reforma de la ley que regula el funcionamiento del Constitucional.
El propósito es dar una alternativa al modelo actual, que implica un acuerdo de tres quintos de los vocales, si no se alcanzara dicho consenso en el plazo de tres meses desde que finalice el mandato de los magistrados salientes.
Pasado ese límite, se optaría por un sistema de votación individual en el que resultarían elegidos los candidatos con más apoyos. En la enmienda se añade que no es necesario un quorum mínimo y que habrá una única votación, que no será secreta. En caso de aprobarse, y con la actual distribución del órgano, todo apunta a que saldrían elegidos para el TC un nombre conservador y otro progresista.
Los conservadores “alucinan”
Por su parte, los vocales conservadores han mostrado su sorpresa ante el movimiento de Sánchez –“estamos alucinando”– y reclaman un pleno urgente del órgano para tratar de adelantarse a los posibles cambios y llegar a un acuerdo, ahora sí, con el sector progresista.
