AS dificultades para cubrir las plazas de médicos de familia son una evidencia objetiva que afecta al conjunto de la Sanidad del Estado y que, en el caso de Euskadi, ha llevado al Departamento de Salud a planificar una reorganización de la estructura y procedimiento de atención a la ciudadanía. Sin embargo, el mero enunciado de esa iniciativa y de la constatación del problema ha propiciado una reacción crítica desde la política y los sindicatos profesionales que se limita a incidir en el diagnóstico pero no articula soluciones alternativas. La salud pública requiere de mayor profundidad en el necesario debate y la fiabilidad de los posicionamientos. No es un ámbito abstracto de retórica que merezca su explotación para arrimar el ascua al interés sectorial o ideológico mediante la explotación de estados de ánimo con infundados reproches de recortes. En Euskadi, quienes fomentan el debate sanitario eluden la necesidad de gestionar el sistema público con medidas prácticas orientadas a la eficiencia en todo caso pero, sobre todo, allí donde los medios económicos, técnicos y humanos, no bastan para cubrir la demanda. Osakidetza tiene la red médica con mayor número de facultativos del Estado en relación a su población -774 por cada cien mil habitantes-, encabeza el gasto sanitario anual por habitante y ha sido reconocida por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública como titular del sistema sanitario autonómico con menor demora en atención primaria. Sobre estas realidades no se deben construir discursos triunfalistas porque es más que evidente que hay un grave problema de relevo generacional y de disponibilidad de personal facultativo especialmente en la atención primaria. Pero resulta difícilmente admisible que se obvien los hechos y se pretenda construir discursos de oposición y de interés sectorial que nieguen la realidad. Diez comunidades autónomas han sido incapaces de cubrir todas las plazas MIR de atención primaria este año por desinterés de los estudiantes. Euskadi ha logrado satisfacer su cupo, correlativo a su población y establecido por el Ministerio de Sanidad, al que se le demandan constantemente incrementos en las plazas. Mientras los números sean tozudos y sigan mostrando esas carencias, la reorganización de los servicios es una obligación.