L Supremo de EE.UU. ha decidido con los votos de los jueces conservadores que no existe el derecho constitucional al aborto, dejando la decisión de permitir o no la interrupción del embarazo a los Estados. O lo que es lo mismo, 36 millones de mujeres en edad reproductiva se verán privadas de este derecho. La Corte Suprema ha conseguido que los derechos conseguidos por los movimientos feministas retrocedan 50 años de un plumazo. Amnistía Internacional ha denunciado que bajo la supuesta “libertad” de los gobiernos de cada Estado para legislar al respecto, se consagra la desigualdad para todas las mujeres de EE.UU. y la discriminación para las que tienen menos recursos, para la población marginada, para las migrantes y refugiadas. Porque como todo -o casi todo- es también cuestión de dinero. Quien lo tenga, podrá viajar al Estado vecino para que le practiquen una interrupción del embarazo. La onda expansiva se podría extender a otros derechos constitucionales. Algunos han cuestionado también ya si se pueden usar argumentos legales similares para socavar el matrimonio entre personas del mismo sexo o para prohibir los métodos anticonceptivos. Además, el tema es de preocupación para el mundo entero, ya que EE.UU. ha sido un país precursor en muchos aspectos, por lo que no faltará mucho para que este derecho se vea restringido en otros países. En el país de las libertades, cada vez se limitan más los derechos. Sobre todo los de las mujeres.

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