CON la política española deslizándose desde hace semanas hacia un entorno claramente preelectoral, la tentación de someter todas las realidades del Estado a los plazos, intereses y prioridades del Gobierno Sánchez y de su oposición conlleva un riesgo de esclerosis en la toma de decisiones necesarias. La perspectiva de una polarización ya instalada en la agenda política española se sitúa ya, a más de un año de las elecciones generales, en los parámetros de la política fiscal y de la reactivación económica. Parámetros ambos que, en el caso de la realidad de los tejidos económicos de los cuatro territorios de Hegoalde y sus capacidades fiscales, carece de efectos reales por las características propias de sus modelos en ambos apartados. Ni la política fiscal vigente en la CAV y Nafarroa responde a los parámetros de carencia de progresividad y pulso entre los intereses de los más favorecidos sobre las necesidades de los más necesitados de amparo, ni la actividad económica de los cuatro herrialdes se sustenta en la reactivación del consumo y su afectación por el aumento de los precios. Siendo ambos retos a gestionar, las especificidades propias demandan de un tratamiento sin brocha gorda, como el que se está planteando en el debate político en el Estado. En ese marco, la necesidad de proteger la agenda propia chocará con el interés por simplificar los debates hacia los parámetros de las estrategias electorales de los partidos de ámbito estatal. No es ese, sin embargo, el interés de la primera cita electoral que se producirá en primavera, cuando se renueven las administraciones locales y territoriales, en la Comunidad Autónoma Vasca, y autonómica en la Comunidad Foral. Es oportuno demandar a los partidos un lenguaje propio con propuestas orientadas a las realidades cercanas sobre las que la ciudadanía deberá pronunciarse. Igualmente, en el marco general de la relación entre las administraciones, la prioridad evidente de la del Estado por sacar adelante sus presupuestos no debe ocultar la necesaria materialización de los compromisos previos, como vuelve a recordar, sin ir más lejos, el Gobierno vasco al fijar fecha límite a la constitución de la comisión bilateral prevista para canalizar los traspasos pendientes en fecha tan significada como el aniversario de la aprobación del estatuto de Gernika, el próximo 25 de octubre.