Partiendo de la base de que el parque de viviendas vasco es uno de los más envejecidos de Europa, acaparar el máximo de ayudas posibles de los fondos Next Generation se ha convertido en un desafío para las administraciones públicas locales. Muestra de que ese trabajo va por buen camino es que el Gobierno vasco recibió la semana pasada una partida de casi 100 millones de euros procedente de estas ayudas europeas para tramitar la avalancha de solicitudes de comunidades de vecinos que pretenden poner en marcha proyectos de rehabilitación energética. Sin embargo, el objetivo es ir a más. Por ello, el Colegio de Administradores de Fincas de Bizkaia ha abierto la Oficina Rehabilita Bilbao, cuyo propósito es asesorar a sus colegiados ayudándoles a tramitar todas estas peticiones.  

“Cada comunidad es distinta, pero establecemos un 30% de ahorro como meta razonable”, afirma Pablo Abascal, presidente del Colegio de Administradores de Fincas, quien expone que la oficina ha abierto sus puertas con el fin de promover el acceso a 30 millones de euros de los fondos durante tres años. “Hay muchas pérdidas de calor y la primera intervención que requiere un edificio es la envolvente de la cubierta. La segunda parte sería la sala de caldera. Y luego hay una serie de complementos, como las placas fotovoltaicas o los puntos de recarga para coches eléctricos”, apunta Abascal, quien reconoce que los antecedentes negativos en proyectos de este calado –con casos en los que los ahorros prometidos no se han cumplido o expedientes que tardaban mucho en ejecutarse– han provocado que las comunidades vayan “con el freno de mano echado”.  

Pablo Abascal, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Bizkaia, en la oficina. Oskar González

Lo primero que exige el Gobierno vasco para validar un proyecto de rehabilitación energética es una auditoria. Pero no todo vale. “Tiene que ser una auditoría en profundidad, que contemple el gasto de cada vivienda, no como las que se hacen ahora para la ITE”, concreta. Con esa información detallada, “se propone una hoja de ruta en la que se determina si la comunidad necesita ventanas nuevas o lo que sea”. Posteriormente, un arquitecto hace un proyecto y se solicitan presupuestos. A partir de ahí cada comunidad debe valorar si a pesar de las ayudas recibidas compensa la inversión que requiere llevar a cabo el proyecto en contraposición al ahorro que le va a suponer a largo plazo.

AYUDAS EUROPEAS

En una primera fase, el compromiso adquirido desde Lakua de cara al gobierno central es rehabilitar 7.740 viviendas. “Ahora mismo tenemos cerca de 3.000 resoluciones aprobadas, pero hay más de 9.000 recibidas. Si todo va bien, vamos a ser capaces de cumplir ese primer reto”, avanza Pedro Jauregui, viceconsejero de Vivienda, quien detalla que ya les han adelantado una partida de casi 100 millones de euros. “El dinero está, y no se va a gastar en otras cosas”, garantiza el viceconsejero, quien reconoce que deben estar “al quite” ante la posibilidad de beneficiarse de subvenciones que no se aprovechen en otras comunidades.

Por su parte, Alfonso Gómez, delegado de Vivienda en Bizkaia, recuerda que el plazo de las solicitudes de los proyectos es hasta el 30 de junio de 2026. “Es una iniciativa muy importante de cara a los próximos años”, asevera Iván Calderón, concejal bilbaino de Regeneración Urbana, quien expone que, si las cosas van bien, finalmente se recibirán más fondos. Desde la propia oficina, recién inaugurada, se podrá determinar la cuantía que susceptiblemente recibirá cada proyecto. Posteriormente, se tramitarán los expedientes con el Gobierno vasco. “Ya nos avisarán si los fondos se terminan. De momento, hasta 2026, hay que pelearlo para estar en la línea de salida”, indica Abascal.