El Gobierno vasco ha cifrado en algo más de 30,7 millones de euros la cantidad que fue cobrada indebidamente por beneficiarios de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) durante el año 2022.
Este importe es inferior a la cifra de los cobros indebidos de esta prestación social en 2021, que ascendió a 34,4 millones de euros, según los datos expuestos por la consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, en una respuesta a la parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, recogida por EFE.
Mendia precisa que dado que un cobro indebido puede tener más de un motivo no es posible relacionar estos pagos con una causa específica.
Sin embargo, la gran mayoría de ellos están relacionados con un aumento de los ingresos en la unidad convivencial, principalmente por el acceso a un nuevo empleo.
Generalmente estos cobros indebidos se generan por la demora en la actualización de los expedientes una vez que los beneficiarios de la prestación notifican los cambios.
Estos motivos relativos al incremento de los rendimientos de la unidad convivencial representan el 59,29 % de las causas de esos cobros, otro 11,22 % por no reunir requisitos para acceder a la RGI y un 7,61 % por la extinción de esta prestación a la que complementa.
El Departamento de Trabajo y Empleo recuerda que la nueva Ley vasca del Sistema de Garantía de Ingresos e Inclusión aprobada a finales del pasado año introduce "cambios sustanciales" para minimizar los cobros indebidos.
Entre ellos está el nuevo sistema de cálculo y actualización de las cuantías, que pasa a ser trimestral, lo que reducirá los cobros indebidos en general y particularmente los que se producen actualmente como consecuencia de las variaciones de ingresos motivadas por el acceso a un empleo.
