No hay cambio de planes. La inminente misión del Aita Mari en aguas del Mediterráneo central sigue su curso. La notificación del expediente sancionador que recibió el jueves la ONG Salvamento Marítimo Humanitario (SMH) es “una coincidencia en el tiempo que no afecta” al despacho solicitado por el barco para zarpar en los próximos días. El martes que viene el Aita Mari se somete a la última inspección y, si no hay contratiempos, pondrá rumbo a su nueva aventura humanitaria.
Así lo confirmó ayer el presidente de SMH, Iñigo Mijangos, un día después de que este periódico revelara que la ONG, propietaria de la embarcación, ha recibido un expediente sancionador por la cual podría enfrentarse a una multa de un millón de euros por varias infracciones detectadas en el barco hace tres años en una inspección en Italia.
La noticia de la posible sanción al Aita Mari generó ayer la reacción de instituciones y partidos vascos como el Ejecutivo autonómico, que defendió los “valores humanos y solidarios” del barco y deseó que “pueda salir lo antes posible en misión humanitaria”. Salvamento Marítimo Humanitario asegura que todas las deficiencias han sido subsanadas, la mayoría relacionadas con la documentación, sin afectar a la seguridad de la embarcación. La ONG no ocultaba ayer la sorpresa inicial con la que recibieron el jueves el documento remitido por la Capitanía Marítima de Valencia, perteneciente al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno español.
“Estamos hablando de hechos ocurridos hace casi tres años, y todas las deficiencias que figuran en la instrucción están corregidas. Probablemente quede todo en algo anecdótico”, expresaba a este periódico Mijangos, a la espera de lo que finalmente determine el funcionario instructor.
A primera hora de la mañana de ayer todo se había precipitado de tal manera que, todavía sin margen para hablar con Madrid, la ONG no sabía muy bien qué interpretación hacer del expediente sancionador recibido, que señalaba siete infracciones a las leyes del mar que podrían superar el millón de euros en relación a unos hechos que se remontan a mayo de 2020, cuando el Aita Mari fue objeto de control por parte de las autoridades portuarias de Palermo (Sicilia)
“La primera interpretación era inevitable. Justo cuando nos confirman que podemos hacer la revisión normal del despacho para zarpar en los próximos días nos llega el expediente. Finalmente, todo parece que es una mala casualidad en el tiempo”, expuso el portavoz de la ONG tras establecer contacto con las autoridades españolas.
Los responsables del buque humanitario vasco tienen un plazo de quince días para presentar alegaciones contra la propuesta de sanción, cuya multa podría variar en función del “pronto pago” de las posibles infracciones que finalmente se contemplen en el proceso. La apertura del expediente sancionador se remonta a unos hechos ocurridos cuando el Gobierno italiano golpeó donde más más puede doler a una organización humanitaria modesta como la que tiene su base en Pasaia.
El diputado jeltzale Iñigo Barandiaran ha pedido conocer si el expediente se ha incoado como “consecuencia de alguna presión de las autoridades italianas para evitar que los barcos de salvamento humanitario puedan seguir actuando en aguas próximas a su ámbito territorial”, como figura entre las preguntas que ha remitido el PNV a la Mesa del Congreso de los Diputados para solicitar información al Gobierno español.
