El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves, sin ningún voto en contra, el proyecto por el que se modifica la Ley 13/2011 de regulación del juego, que, entre otras medidas, refuerza el control sobre la manipulación de competiciones deportivas y el fraude en las apuestas.
Como ejemplo, con esta norma será el empresario el que deba probar su inocencia en relación con posibles infracciones por su parte.
La iniciativa ha contado con el apoyo de todas las formaciones presentes en la Cámara baja, a excepción de PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN), que han decidido abstenerse.
La nueva norma también establece que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los cuerpos de policía autonómica tendrán la condición de cesionarios de los datos personales que les sean facilitados por la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) a través del Servicio de Investigación Global del Mercado de Apuestas.
De este modo, la cesión de datos se regulará a través del acuerdo entre el responsable del tratamiento y el órgano competente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o, en su caso, el órgano competente del cuerpo policial autonómico y los tratamientos que estas realicen quedarán sujetos a lo dispuesto en la Ley Orgánica 7/2021 de 26 de mayo.
Además, se recoge una disposición adicional al texto original relativa al Servicio de Investigación Global del Mercado de Apuestas (SIGMA). En ella, se establece que, para impedir que se obstaculicen las investigaciones de este servicio, la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) "restringirá los derechos de acceso, rectificación, limitación, supresión, oposición y portabilidad respecto al tratamiento de datos en el Servicio".
Con esta formalización del SIGMA, se pretende dar una respuesta técnica, coordinada e integral frente a este tipo de prácticas fraudulentas, las cuales, pueden derivar en procedimientos administrativos o penales.
SIGMA es un instrumento técnico que se constituye como una red de cooperación interactiva gestionada por la DGOJ y accesible por vía telemática para las entidades participantes que se hayan adherido a dicho servicio. Entre ellas, destacan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Consejo Superior de Deportes, las federaciones deportivas, las ligas profesionales y los operadores de juego con título habilitante.
Mediante este instrumento, se recopilará la información que cualquier entidad participante pueda transmitir sobre posibles fraudes o amaños relacionados con las apuestas deportivas que sean de su conocimiento.
El objetivo es que el resto de miembros del sistema tenga constancia de esa información, mediante un acceso limitado a la misma, y pueda utilizarla para comprobar las implicaciones del posible fraude cometido en su específico ámbito de actuación.
