Editorial

Un daño inmerecido... a evitar

La universidad también debe corregir sus controles para que no se produzcan cuestionamientos que, como con los títulos de Cifuentes, Casado y Montón o ahora la tesis de Sánchez, horaden su credibilidad

Viernes, 14 de Septiembre de 2018 - Actualizado a las 06:00h

MÁS allá del debate político, agrio en ocasiones, y de las consecuencias en forma de forzada asunción de responsabilidades en los casos de Cristina Cifuentes y Carmen Montón, la eventual judicialización del de Pablo Casado y el desgaste político que pretende aplicarse a Pedro Sánchez, el cuestionamiento de algunas de sus titulaciones causa ante todo un daño perverso e inmerecido a una institución clave para la sociedad y su desarrollo: la universidad. La constatación de irregularidades en el caso del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, por el que su director, Enrique Álvarez Conde, se halla imputado por presunta malversación, ya horadó la credibilidad de las instituciones universitarias. Ahora, la acusación de plagio en la tesis del presidente del Gobierno español, desmentida por el propio Pedro Sánchez y alentada con intención política, extiende dudas, reales o no, que no debían plantearse sobre los principios de igualdad de oportunidades y méritos de estudio que deben regir la enseñanza superior. Sin embargo, constatarlo no impide tampoco que la propia organización universitaria, dentro de la autonomía que le confiere la ley, deba asumir sus responsabilidades ante la eventualidad, certeza por algunos de los casos citados, de que los sistemas de control necesitan perfeccionarse tras la proliferación de títulos y de centros de investigación, escuelas de doctorado e institutos asociados a las universidades que los expiden. Cabe preguntarse, por ejemplo, si la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación, a la que el art. 32 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU) confiere la responsabilidad de la acreditación y evaluación del profesorado, los títulos y el seguimiento de los resultados en el ámbito universitario cumple adecuadamente con sus funciones pese a su centenar de empleados y los diez millones de subvención anual que recibe. O si la Conferencia General de Política Universitaria presidida por el ministro de Educación de turno y con presencia de los departamentos autonómicos no padece de rémoras políticas en el cumplimiento de las atribuciones que le otorga el art. 27 bis de la LOU. Y, en todo caso, sí compete a ambos órganismos, como a toda la universidad, velar -y poner los medios- para que se eviten nuevas excepciones que contribuyan a la desconfianza.

COMENTARIOS:Condiciones de uso

  • No están permitidos los comentarios no acordes a la temática o que atenten contra el derecho al honor e intimidad de terceros, puedan resultar injuriosos, calumniadores, infrinjan cualquier normativa o derecho de terceros.
  • El usuario es el único responsable de sus comentarios.
  • Deia se reserva el derecho a eliminarlos.

Últimas Noticias Multimedia

  • ©Editorial Iparraguirre, S.A.
  • Camino de Capuchinos, 6, 5ºC Bilbao
  • Tel 944 599 100, Fax 944 599 120