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El Ejecutivo corrige así posición inicial

Sánchez rectifica y ficha a un bufete belga para defender al juez Llarena

El Gobierno socialista argumenta que debe proteger “la soberanía jurisdiccional española”

Lunes, 27 de Agosto de 2018 - Actualizado a las 06:00h

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. (EFE)

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El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

BILBAO- El Gobierno español anunció ayer que ya ha puesto en marcha “todos los mecanismos necesarios” para defender la soberanía jurisdiccional española en la demanda presentada en Bélgica contra el juez Pablo Llarena, entre los que se encuentra la contratación de un despacho de abogados de ese país.

El Ejecutivo corrige así su posición inicial, que consistía en no amparar al juez argumentando que “el Gobierno no puede actuar, puesto que supondría defender a un particular por afirmaciones de carácter privado ajeno a su función”.

Moncloa asegura que ha atendido todas las indicaciones del Consejo General del Poder Judicial, “defendiendo los intereses de nuestro país en base a unos criterios jurídicos de nuestro ordenamiento interno, así como del derecho europeo, y garantiza que atenderá las peticiones de salvaguarda de la soberanía jurisdiccional española, que el en futuro pueda realizar el Poder Judicial, de acuerdo con la legislación vigente”.

Llarena, instructor de la causa por el procés, debe comparecer el 4 de septiembre en Bélgica a raíz de la demanda civil presentada allí contra él por Carles Puigdemont, que alegó que no respetó su derecho a la presunción de inocencia.

El órgano de gobierno de los jueces aprobó amparar al magistrado con esta argumentación: “Se nos antoja difícil considerar que pueda existir una actuación que vulnere de forma más flagrante y burda la independencia de un magistrado español”.

Este comunicado de Moncloa se produjo después de que durante el fin de semana distintas asociaciones de jueces y fiscales, así como los partidos políticos, se pronunciaran sobre este asunto, en su mayoría reclamando al Gobierno socialista que asumiese la defensa de Llarena.

La Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales acusaron el pasado viernes al Ejecutivo de “dejación de funciones” en una nota conjunta donde exigieron que asumiese la defensa de Llarena. Estas asociaciones profesionales reaccionaron así después de que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, asegurara que, aunque el Ejecutivo iba a defender la jurisdicción de España en la demanda civil contra el juez, el amparo legal y el apoyo al juez le corresponde al propio Poder Judicial. La Unión Progresista de Fiscales instó este sábado al Estado a personarse en el procedimiento abierto en Bélgica para defender la inmunidad de jurisdicción de los tribunales españoles. PP y Ciudadanos también reclamaron a Sánchez que actuase en defensa del magistrado y anunciaron peticiones de comparecencia e iniciativas parlamentarias en este sentido.

aval de JpDPor su parte, Juezas y Jueces para la Democracia (JpD), que no se había pronunciado hasta ayer, consideró que la actuación mantenida inicialmente por el Ministerio de Justicia era “correcta y ajustada a derecho”.

Tras la decisión del Gobierno, el presidente del PP, Pablo Casado, reprochó a Sánchez que dé “bandazos” en asuntos como inmigración, economía y ahora justicia, en alusión a la decisión de contratar un bufete belga para defender la soberanía jurisdiccional española en la demanda presentada contra el juez Pablo Llarena. - DEIA

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