tras el cierre

Plan de recuperación para Garoña

Numerosas instituciones castellanoleonesas y alavesas han participado en la elaboración de un proyecto para que los catorce municipios afectados por el cierre de la central nuclear no pierdan población y negocios

Pablo José Pérez - Lunes, 20 de Agosto de 2018 - Actualizado a las 06:00h

Acceso a la central nuclear de Garoña.

Acceso a la central nuclear de Garoña. (Pablo José Pérez)

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Acceso a la central nuclear de Garoña.

SE guarda como un secreto hasta que los 14 ayuntamientos que conforman el área afectada por el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña den el visto bueno al Plan de Actuaciones que posteriormente será enviado a las diputaciones alavesa y burgalesa, Junta de Castilla y León, Gobierno vasco y Gobierno central. Sin embargo, la idea que se mantiene es la de realizar una presentación pública a principios de septiembre, momento en el que se darán a conocer las medidas con las que se trata de poner freno a la previsible despoblación de esos municipios y el cierre de negocios, que podría alcanzar a otros muchos pueblos de manera indirecta. Los escasos datos que de momento han trascendido los comentaba Agustina Poza, coordinadora de este Plan y funcionaria del Ayuntamiento de Valle de Tobalina, quien ha anticipado que el Plan cuenta con veintidós proyectos, divididos en cinco áreas de actuación, valorado en 120 millones de euros y un plazo de ejecución que llega hasta 2030. Este Plan de acción ha sido elaborado durante los últimos meses por los grupos de acción local Ceder Merindades, Adeco Bureba y Cuadrilla de Añana, en colaboración con la Sociedad para el Desarrollo de Burgos (Sodebur), a petición de los 14 municipios que se ubican en un radio de 10 kilómetros alrededor de la central nuclear de Garoña.

Ese borrador del Plan ya está en los ayuntamientos pendiente de su ratificación y también se ha presentado al Consejo de Administración de Sodebur (la Sociedad de Desarrollo de Burgos) como paso previo antes de llevarlo al resto de instituciones y solicitar los apoyos correspondientes antes de acudir al Gobierno central. Se trata de la respuesta que dieron las administraciones locales después de que el Ministerio de Energía del PP dejara bien claro que no habría un Plan para reactivar la zona y que debían ser los ayuntamientos quienes tomaran la iniciativa de acometer actuaciones.

Y así lo asumieron los 14 municipios que se encuentran en un radio de 10 kilómetros alrededor de la central nuclear: los burgaleses Valle de Tobalina, Frías, Oña, Partido de la Sierra en Tobalina, Jurisdicción de San Zadornil, Bozoó, Miraveche, Pancorbo, Merindad de Cuesta Urria, Cascajares de Bureba, Encío y Santa Gadea del Cid, y los alaveses Lantarón y Valdegovía. Según los datos del Plan, las medidas afectarán directamente a 5.590 personas de los municipios mencionados, pero también, de manera indirecta, a una cifra mucho mayor, ya que el cierre se asoma como un fantasma sobre Miranda de Ebro y otros pueblos con mucha más población.

Para tratar de reducir el impacto que supondrá la pérdida de puestos de trabajo y el cese de actividades económicas que se mantienen gracias al poder adquisitivo de quienes viven de la central, el diseño del Plan se ha basado en las fortalezas del área de influencia de esa instalación, transformándolas en oportunidades de desarrollo económico y social.

De esta manera el Plan se estructura en cinco áreas: Garoña Sostenible, Garoña Conectada, Garoña Formada, Garoña Repuebla y Garoña Municipios y Servicios de Transición, y la previsión de los redactores es poder implantarlo entre los años 2019 y 2030, aprovechando la previsión de diez años en los que está calculado el proyecto de desmantelamiento de la central nuclear.

De momento son 22 los proyectos diseñados entre los que sobresalen la creación de un centro de acopio de biomasa o el estudio de las posibilidades de aprovechar la energía hidráulica como un recurso económico;se propone, asimismo, poner en marcha centros agroalimentarios y promocionar la ganadería extensiva y la crianza de razas autóctonas. Son medidas con las que se apuesta por una economía sostenible, respetuosa con el medio ambiente y que se sirva de sus propios recursos naturales como un medio para resarcir el impacto de la central.

También se aboga en el documento por corregir otro de los grandes problemas que tienen esos pueblos, como es la mala o nula comunicación a través de internet, telefonía móvil y TDT. El Plan propone la fecha de 2022 para la extensión de una red de comunicaciones fluida y suficiente, algo que será clave para otra de las patas del Plan como es la generación de oportunidades para los emprendedores, especialmente del turismo, con productos específicos, alojamientos y hasta un parque temático.

Finalmente, y entre otras medidas, se programarán cursos de formación para preparar profesionales especializados, subvenciones para asentar población y medios para ayudar a los ayuntamientos a mantener los servicios que prestan a los vecinos y mejoras en las infraestructuras, todo ello dirigido a favorecer la atracción de jóvenes y familias para residir en esos municipios.

El plan alternativo se completa con actuaciones de formación, para crear profesionales especializados;incentivos para el asentamiento de población en el medio rural y ayudas económicas a los propios ayuntamientos, a fin de que puedan mantener y ampliar infraestructuras y servicios que garanticen precisamente la presencia de jóvenes y familias en los municipios, frente a su traslado a las grandes ciudades.

El avance de este documento ya se presentó al presidente de la Diputación de Burgos a comienzos del mes de julio. A ese encuentro asistieron tres representantes de la Asociación de Municipios de Áreas de Centrales Nucleares, entidad que también ha estado implicada en la elaboración del Plan y cuya presidenta es la alcaldesa de Valle de Tobalina, Raquel González. Según el portavoz de la Diputación burgalesa, Borja Suárez, el encuentro se llevó a cabo de manera muy cordial, ya que esa institución está tutelando a los alcaldes en la elaboración de planes de acción a través de la empresa pública Sodebur, César Rico trasladó su apoyo a las iniciativas y su respaldo ante las autoridades de la Junta de Castilla y León.

Asimismo, Borja Suárez, que es portavoz del PP en el Ayuntamiento de Miranda de Ebro, ha confirmado que esa ciudad también sufre la inquietud por el cierre de la central y la pérdida de puestos de trabajo. De hecho, hace escasas fechas se celebró un encuentro del Delegado del Gobierno y las Subdelegaciones en Miranda donde se analizó la situación que se puede generar. Tanto en el Ayuntamiento como en el resto de instituciones se está a la espera de la presentación oficial del Plan de Acción para poder colaborar en su desarrollo.

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