130.000 vacantes

Hosteleros galos piden facilidades para poder contratar refugiados

Consideran excesivos los nueve meses que duran los trámites para los demandantes de asilo

María D. Valderrama - Viernes, 10 de Agosto de 2018 - Actualizado a las 08:07h

Típica terraza de uno de los tradicionales cafés parisinos. Foto: Afp

Típica terraza de uno de los tradicionales cafés parisinos. Foto: Afp

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Típica terraza de uno de los tradicionales cafés parisinos. Foto: Afp

PARÍS - Afectado por la mala imagen de sus jornadas infinitas y por su reputación de trabajo duro, el sector hostelero en Francia pide a su Gobierno que acelere los trámites de los demandantes de asilo para poder cubrir parte de las 130.000 vacantes en la profesión. El Sindicato Nacional de Restauradores, Hoteleros y Cafeterías (Synhorcat) ha solicitado al Ejecutivo que tenga en cuenta el déficit de empleo en el sector para gestionar con mayor rapidez el papeleo de quienes quieran trabajar en el gremio en lugar de los nueve meses exigidos ahora para obtener la autorización laboral. “Nuestro objetivo es que el poder público facilite a los demandantes de asilo el acceso a los papeles, con plazos más cortos que los actuales, y que ofrezca a estas personas los medios y la formación para acceder a nuestra profesión”, comenta uno de los responsables del sindicato, Vincent Sitz.

Lavaplatos, cocineros, jefes de cocina, camareros... la lista de puestos a cubrir es amplia en todo el país, según Sitz, que achaca el problema a sus arduas condiciones.

“Prácticamente todos los restauradores de Francia tienen problemas para encontrar candidatos. No es que no los tengan buenos, ¡es que no encuentran ni aspirantes!”, apunta el sindicalista, que asegura que hay locales que aumentan los días de cierre por descanso a la semana por falta de personal.

Hostelería como “ascensor social” Desde la organización defienden que en la hostelería existe un “ascensor social” y que, con frecuencia, quienes empiezan como auxiliares de cocina pueden acabar como encargados del establecimiento.

Asociaciones como France Terre d’Asile sirven de canal entre los solicitantes de asilo que en su país ya trabajaban en la restauración para facilitar el contacto con las empresas. “Es un sector tradicionalmente con déficit de candidatos y con una amplia oferta. Por costumbre, los inmigrantes autorizados a trabajar se dirigen a la hostelería, pero el gran cambio ahora es que son los actores del sector los que buscan contratarles”, señala la directora de integración de la ONG, Fatiha Mlatu. Desde el inicio de la crisis migratoria y de refugiados en 2015, la comunidad económica francesa se ha movilizado para trabajar en el reclutamiento de los recién llegados pero, según Mlatu, el sector hostelero no acudió a ellos hasta “hace poco meses”. La organización colabora ya con una conocida cadena de cafeterías en la búsqueda de trabajadores, aunque de momento los resultados son flojos -seis reclutados desde febrero- especialmente por el desconocimiento de la lengua francesa de los recién llegados.

“Es una población que se adapta rápidamente a la clientela del sector turístico porque posee conocimientos lingüísticos más amplios que la mitad de la población francesa, especialmente en inglés y árabe”, destaca Mlatu, que gestiona anualmente los perfiles de contratación de unos 4.000 refugiados.

En cambio, los empleadores que se aventuran a contratar a refugiados por cuenta propia lamentaron en el diario Le Parisien, que durante el papeleo de las demandas de autorización de trabajo la Administración se retrasa más de lo previsto y cuestiona sus razones para contratar a migrantes en lugar de a franceses. Precisamente en septiembre, coincidiendo con el fin de las vacaciones, el sindicato confía en que el Gobierno se ponga manos a la obra con su dossier y les reciba “para poder actuar en un futuro cercano”, dice Sitz. El pasado 1 de agosto, el Parlamento francés aprobó el proyecto de ley sobre inmigración que busca, según el Ejecutivo, acelerar el tratamiento de las demandas de asilo, mejorar las condiciones de acogida, reforzar la lucha contra la inmigración irregular y facilitar la integración de los extranjeros en situación regular. Una vez instaurada la ley a partir de 2019 y para tratar de organizar mejor unas solicitudes en aumento (100.000 personas demandaron asilo en 2017, un 17% más que en 2016, según Interior), el margen para tramitar las peticiones pasaría de once a seis meses. El de autorizaciones de trabajo que se reduciría a también a seis meses se aleja aún de las urgentes necesidades del sector.

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