Editorial

Acelerar los cambios en las cárceles

El Gobierno de Pedro Sánchez debe proceder cuanto antes a un giro en la política penitenciaria frente a las presiones y a las amenazas del PP de utilizar a las víctimas y agitar la calle

Lunes, 6 de Agosto de 2018 - Actualizado a las 06:00h

DESDE que accedió a La Moncloa tras ganar la moción de censura a Mariano Rajoy, el presidente español, Pedro Sánchez, y su Gobierno han planteado de manera clara su intención de proceder a un cambio en la política penitenciaria que se ha venido aplicando en las últimas décadas a los presos de ETA, basada fundamentalmente en la dispersión, el alejamiento y la adscripción sistemática de los reclusos al primer grado, el más duro dentro de las cárceles. Durante todos estos años, la actitud de los propios presos, que, en asunción plena de las directrices de la organización armada, se negaban a admitir la legalidad penitenciaria y, en consencuencia, a pedir el acercamiento a prisiones cercanas a Euskadi y a acceder a cualquier tipo de beneficio contribuía, de alguna manera, a retroalimentar esta política entendida como “parte de la lucha antiterrorista”. Sin embargo, el fin de ETA, así como el cambio experimentado en la actitud de los reclusos -proclives ahora a asumir la legalidad- pueden y deben facilitar la puesta en marcha de una política penitenciaria diferente, más humana, más acorde con los tiempos políticos y basada en los principios que buscan la reinserción. No hay que olvidar que el Gobierno de Pedro Sánchez lleva en funcionamiento apenas dos meses, pero en este tiempo ha dado muestras de que va a proceder a ese necesario cambio de rumbo con los presos, tal y como ayer mismo reconocía el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien explicó que el traslado a cárceles más cercanas a Euskadi “no es un beneficio penitenciario”. Algo obvio que, sin embargo, parece necesario recalcar ante la intolerable campaña de presión que está llevando a cabo el PP, en especial desde que Pablo Casado se hizo con el liderazgo del partido. La amenaza de que los populares saldrán a la calle en un nuevo intento de utilización torticera de las víctimas y de agitación populista si se produce ese cambio en la política penitenciaria que interesadamente confunden con los “beneficios” es una prueba más de que el PP ha digerido muy mal su paso a la oposición y los cambios que están teniendo lugar en Euskadi. En cualquier caso, conviene que el Gobierno español, aunque con la debida prudencia y pese a las presiones que recibe desde varios ámbitos, acelere el cambio en la política penitenciaria, siempre con la obligada y puntual información a las víctimas y el respeto a la legalidad.

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