tribuna abierta

Consenso y hoja de ruta, claves de futuro

Por Agus Hernán y Teresa Toda - Martes, 17 de Julio de 2018 - Actualizado a las 06:00h

eCHANDO la vista atrás apenas dos años, nos sorprenden las transformaciones en el escenario político y social vasco, que estaba un tanto estancado desde la Conferencia de Aiete y el posterior paso de ETA. Desde el verano de 2016 dos puntos de inflexión, el desarme y la disolución de ETA, han abierto horizontes. Pero esos pasos fundamentales no se dan por sí solos, sino sobre un terreno labrado con un proceso inédito que está mereciendo la atención de entidades expertas en resolución de conflictos. Un proceso que mira a los estándares internacionales y que ha sido -y es- capaz de aplicarlos con mecanismos innovadores que han dado resultados.

Nadie niega ya la realidad del desarme y de la disolución de ETA. Mucho queda por analizar de aquellos procesos, pero quedémonos de momento con dos lecciones: el rol fundamental de la sociedad civil y el mecanismo de triangulación: gobiernos e instituciones vascas, comunidad internacional y sociedad civil en el caso del desarme, aplicado en parte también en la disolución.

Elemento fundamental para estos mecanismos y procesos es el diálogo entre quienes estuvieron abiertamente enfrentados pero también entre quienes se sienten más afines entre sí. Un diálogo entre instituciones, agentes políticos y sociales, partes implicadas… constructivo, sostenido en el tiempo;capaz de superar baches. Fomentar y alimentar ese diálogo es uno de los principios de trabajo del Foro Social Permanente, constituido en octubre de 2016. Otro es la implicación de la sociedad civil.

Afrontamos ahora otras tres cuestiones pendientes. Víctimas, situación penitenciaria y reintegración, y memoria. Hoy nos centramos en las dos primeras. Cómo se resuelvan será determinante para la tercera y para el futuro que deseamos construir.

Primera: Las víctimas y el derecho de todas, todas ellas, a la verdad, justicia y reparación. Hay una constatación de gran valor: en este tema se ha logrado un consenso impensable hace dos o tres años. Nadie cuestiona el sufrimiento de las víctimas de las diferentes expresiones de violencia, que se reconocen entre ellas. Van brotando dinámicas locales junto a reconocimientos institucionales. Cabe destacar que la mayoría de las víctimas de este país no están en esquemas de revancha o venganza sino de construcción de convivencia. Esas voces también tienen que ser oídas.

Aún falta mucho por hacer, por reconocer. Pero hay ya bases sentadas que sin duda permitirán tratar las heridas aún abiertas hasta su curación con garantías de no repetición.

La segunda cuestión, la política penitenciaria y la reintegración de las personas presas. Aunque se encuentra en un momento insospechado hace unos meses, hace tiempo que se trabaja en ella. Desde el día siguiente al desarme, diversos agentes empezamos a abrir espacios de diálogo entre gobiernos, partidos políticos, sindicatos y sociedad civil. Se trataba de ir definiendo una hoja de ruta, como lo denominamos en nuestro IV Foro Social. Los acuerdos institucionales sobre acercamiento, personas presas enfermas y/o transferencias competenciales en los parlamentos vasco y de Nafarroa, en las Juntas Generales, respaldados por la totalidad de los sindicatos de Hegoalde son uno de los frutos de esos diálogos.

Pese a las dificultades, la perseverancia ha permitido la consolidación de un extenso consenso sobre cinco puntos urgentes: personas enfermas y mayores de 70 años, acercamiento, pase de primer a segundo grado, acumulación de penas y transferencias en materia penitenciaria.

La inmovilidad del anterior Gobierno español se ha resquebrajado con la entrada del que encabeza Pedro Sánchez. Parece que su Gobierno va perfilando su hoja de ruta. Falta empezar a aplicarla. Pero para que el aparentemente sencillo proceso de acercamiento y aplicación de la legislación ordinaria se desarrolle con éxito y sea una aportación sólida a la convivencia y reconciliación, entendemos que vuelve a ser necesaria y clave una triangulación: entre los gobiernos, las propias personas presas y la sociedad civil.

La hoja de ruta debe basarse en la legalidad penitenciaria y el reconocimiento del daño causado en espacios constructivos y con programas adecuados. Y sustentarse en cuatro criterios: 1-Mantener el consenso institucional, político y sindical. 2-Propuestas en clave de resolución, para que las recorra el conjunto de presas y presos. 3-Evitar protagonismos o cálculos electorales. 4-Escuchar la opinión de las personas presas. Es un punto importante. Al igual que no se pueden hacer diseños solo desde las celdas, tampoco se pueden hacer desde fuera sin contar con quienes están dentro.

Además, hay que escuchar a las víctimas, atender sus inquietudes y acompañarlas en lo que podamos. Al fin y al cabo, no se trata más que de aplicar la legislación ordinaria. Y es obligación de las instituciones que las políticas públicas respondan al interés general, en este caso, seguir dando pasos hacia la convivencia y la reconciliación.

Finalmente, es evidente que en la sociedad española existen fuertes inercias, resistencias e incluso intereses diversos ante el cambio en política penitenciaria. Por tanto, para acompañarlo es necesario generar una corriente de opinión en el Estado español favorable a esas decisiones. Opiniones fundadas de diversos sectores: jurídicos, de derechos humanos, sociales, sindicales, agentes políticos…

Desde el Foro Social, donde observamos el nuevo panorama con mucha cautela y prudente esperanza, creemos que hay que contribuir a generar esa corriente mediante información, diálogo, extensión de acuerdos como el alcanzado en el Ayuntamiento de Barcelona. Acumulando voluntades y decisiones.

Si asentamos sobre fuertes cimientos la resolución de estas dos cuestiones -víctimas y personas presas- podremos adentrarnos con más seguridad en el relato de relatos y hacia una convivencia nueva.

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