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constituido el grupo de expertos

Lakua pide a Sánchez que acepte la ley de abusos policiales porque no suplanta al juez

La Comisión de Valoración arranca en Bilbao pero evita abrir el plazo de solicitudes a la espera de una solución “en breve”

Míriam Vázquez - Miércoles, 11 de Julio de 2018 - Actualizado a las 06:00h

La directora de Gogora, Aintzane Ezenarro;el secretario de Convivencia, Jonan Fernández;y el lehendakari, Iñigo Urkullu, ayer en la sede del centro.

La directora de Gogora, Aintzane Ezenarro;el secretario de Convivencia, Jonan Fernández;y el lehendakari, Iñigo Urkullu, ayer en la sede del centro. (Oskar Martínez)

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La directora de Gogora, Aintzane Ezenarro;el secretario de Convivencia, Jonan Fernández;y el lehendakari, Iñigo Urkullu, ayer en la sede del centro.

bilbao- El grupo de expertos que estudiará las denuncias de abusos policiales sufridos entre 1978 y 1999 se constituyó ayer de manera oficial en Bilbao, en la sede del Instituto Gogora. Es un paso que ya estaba previsto en los planes del Gobierno vasco pero que, teniendo en cuenta que el gabinete de Urkullu nunca ha sido partidario de generar falsas expectativas, también es una señal inequívoca de que espera que el Ejecutivo español de Pedro Sánchez retire muy pronto el recurso que interpuso Rajoy en contra de la ley en el Tribunal Constitucional y que este grupo pueda comenzar a trabajar.

La creación de la Comisión de Valoración entra dentro del escaso margen de maniobra que tiene el Gobierno vasco mientras el tribunal mantiene suspendidos varios artículos de la ley. En concreto, el recurso de Rajoy quería impedir que se concediera la condición de víctima sin una sentencia judicial que lo acredite. En sentido estricto, la comisión podría empezar a estudiar los casos, sin llegar a emitir una resolución administrativa que acepte las reclamaciones. Esa sería la fina línea para evitar la desobediencia. Sin embargo, en consonancia con la apuesta de no dar pie a frustraciones entre las víctimas, todo apunta a que la comisión no emprenderá ninguna gestión ni abrirá el plazo de solicitudes a la espera de alcanzar un acuerdo con Madrid, que las fuentes consultadas insisten en que llegará muy pronto. Siempre teniendo en cuenta que esta situación es singular porque se espera muy pronto un acuerdo, el Gobierno vasco se inclina por aguardar a que exista luz verde para estudiar el “100%” de las denuncias y exista un escenario de seguridad jurídica.

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, reveló ayer al término de la reunión del Consejo de Gobierno que ha hecho llegar a Madrid los argumentos para retirar el recurso, que se centran en recalcar que la comisión no pretende suplantar a los jueces. Cabría la posibilidad de que el grupo encabezado por el forense Paco Etxeberria comenzara a estudiar los casos con sentencia judicial, pero es complicado imaginar la traslación de esa orden al Boletín Oficial del País Vasco sin provocar sentimientos de discriminación. Además, los casos con sentencia son muy pocos, según las fuentes consultadas, y el objetivo de la ley era precisamente llegar a quienes no han logrado ningún tipo de reparación. El escenario ideal del Gobierno vasco pasaría por empezar a trabajar sobre el “100%” de los casos, y trabaja con una horquilla de entre 300 y 450 denuncias que podrían obtener algún tipo de reparación. Entre ellos figuran casos emblemáticos y juzgados como el de los jóvenes Lasa y Zabala, secuestrados, torturados y asesinados por los GAL.

La otra alternativa sería escuchar ya a todos los denunciantes, tengan o no una sentencia que respalde su versión, sin que la comisión llegue a emitir una resolución sobre su caso, pero también podría dar lugar a frustraciones en el futuro si el recurso siguiera en pie y el Constitucional impidiera atender esos casos. El Gobierno vasco ha activado la comisión porque cree que el conflicto se va a resolver pronto, pero a partir de ahí no realizará ningún movimiento que abra unas expectativas que podrían no cumplirse.

El delegado del Gobierno español en la comunidad autónoma, Jesús Loza, anunció públicamente hace unos días que el acuerdo se producirá este mes. Sin embargo, puntualizó que habrá que introducir algunos cambios en la ley, que fue pactada por PNV y PSE en el Parlamento Vasco y que incorporó una batería de enmiendas de los propios socialistas para blindar su seguridad jurídica. Todo apunta a que los cambios que pide el Gobierno español serán de matiz. El Ejecutivo vasco espera la llamada de Madrid para acordar el desistimiento del recurso. Aun así, Erkoreka puntualizó que la última palabra siempre será del Tribunal Constitucional, porque el recurso ya tiene vida propia una vez que ha sido admitido a trámite. El tribunal podría haber apreciado indicios de inconstitucionalidad, aunque es una posibilidad remota que decida seguir adelante con el litigio si Madrid da un paso atrás.

El Gobierno vasco espera la respuesta del gabinete de Sánchez y, mientras tanto, no va jugársela con una maniobra arriesgada. Cualquier movimiento se entendería como una forma de presionar a Sánchez en plenas negociaciones, lo que podría resultar contraproducente, y también podría tensionar al Tribunal Constitucional, que sigue teniendo la última palabra sobre la ley aunque Sánchez optara por retirar el recurso.

Erkoreka aseguró ayer que ya han entregado la argumentación al Gobierno español para que tenga un mayor soporte jurídico para justificar la retirada del recurso. “Lo que pedimos al Gobierno central es que desista de ese procedimiento y, después, la última decisión corresponde al Tribunal Constitucional”, aclaró. Con su argumentación, el Gobierno vasco pretende “acreditar por qué la creencia de que la labor que se encomienda a la comisión es una labor materialmente judicial es una opinión equivocada y sin fundamento”. Insiste en que su labor “está circunscrita a la tarea administrativa” y en “ningún caso su labor es judicial ni pretende suplantar a los tribunales”.

la reparaciónCon esta ley, el Gobierno vasco trata de reparar el agravio histórico que han sufrido estos damnificados. Además de la reparación administrativa y el reconocimiento oficial de las instituciones, la ley prevé una compensación económica para las víctimas que hayan sufrido daños permanentes. Se contempla indemnizar el fallecimiento con 135.000 euros, la gran invalidez con 390.000, la incapacidad permanente absoluta con 95.000, la incapacidad permanente total con 45.000 y la incapacidad permanente parcial con 35.000.

La reparación cuenta con un consenso prácticamente unánime en el Parlamento, con la única excepción de los nueve representantes del PP sobre un total de 75. La comisión la componen la directora de Derechos Humanos, Monika Hernando;tres nombres propuestos por el Parlamento (los titulares son Paco Etxeberria, Juana Balmaseda y Eloína Mayo), tres sugeridos por Jonan Fernández (Jon Mirena Landa, Sabino Ormazabal y Luis Salas ) y dos peritos y una psicóloga del Instituto Vasco de Medicina Legal (Benito Morentín, David del Valle y Mariam Elizegui).

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