comunidad educativa vasca

El Pacto Educativo pone rumbo al Parlamento Vasco

El Gobierno vasco aprueba el texto ‘Bases para el acuerdo’ de cara a la Ley Vasca de Educación

Idoia Alonso - Miércoles, 27 de Junio de 2018 - Actualizado a las 06:00h

Un grupo de escolares atiende el primer día de clase a su profesora.Foto: Oskar. M. Bernal

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Un grupo de escolares atiende el primer día de clase a su profesora.Foto: Oskar. M. Bernal

Bilbao- El Pacto Educativo enfila ya hacia el Parlamento Vasco. El Gobierno vasco aprobó ayer en el Consejo de los martes el documento Bases para el acuerdotras ser sometido los últimos meses a su debate por la comunidad educativa vasca y debe servir como trampolín hacia la nueva Ley Vasca de Educación. Cabe recordar que el documento ratificado ayer por el Ejecutivo Urkullu cuenta con el aval del Consejo Escolar de Euskadi donde no se alcanzó un consenso, tras el desmarque de los sindicatos y la Confederación de Padres y Madres de la Escuela Pública Vasca (Ehige).

Cuestiones como el papel de la escuela pública como eje del sistema, la estructura de las redes (concertada-pública) y su financiación o el tratamiento de la diversidad y la lucha contra la segregación escolar centran las críticas de los principales agentes de la escuela pública hacia un texto que a partir de ahora pasa a manos de los grupos políticos. Serán ellos quienes decidan qué hacer con el documento y su forma de tramitación. Así lo adelantó ayer la consejera de Educación, Cristina Uriarte, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. “Será la sede parlamentaria, en representación de la ciudadanía, quien en último término mostrará su opinión sobre un texto de origen plural y diverso en cuanto a su creación, y matizado y enriquecido en el Consejo Escolar, órgano, a su vez, representativo de la comunidad escolar”, dijo.

La titular de Educación incidió en los aspectos centrales de un documento que pretende adaptar la escuela vasca a los “vertiginosos” cambios que se han producido en la educación y en la sociedad los últimos años. Uno de los cambios más significativos del texto es que, por primera vez, la ley recogerá en su articulado los objetivos lingüísticos que la escuela deberá garantizar al final de la Enseñanza Básica en inglés y euskera, una de las reivindicaciones históricas de la comunidad escolar ya que se pone fin a la indefinición actual. El texto se establece como objetivo que los alumnos alcancen el nivel B1 para las dos lenguas oficiales al finalizar la etapa Primaria y el B2 en Secundaria. Y en inglés el objetivo son los niveles A2 y B1, respectivamente.

Escuela inclusiva y evaluación Otra de las claves que pretenden mejorar la autonomía de los centros públicos, cuya gestión está muy mediatizada por la Administración, será la firma de lo que se ha llamado un “acuerdo de corresponsabilidad”. Merced a este acuerdo, la Administración facilitará los recursos necesarios a un centro según los compromisos que éste haya adquirido y cumpla en su proceso de mejora. Según la consejera, estos acuerdos de centro serán voluntarios y estarán dirigidos espacialmente a los colegios que atienden a la población escolar más desfavorecida. También podrán suscribirlos los centros concertados que por la “singularidad” de su proyecto sean de “interés social” para el Departamento.

Y es que, pese a las críticas de los agentes de la red pública, Uriarte defiende que el texto pretende garantizar una “escolarización no discriminatoria”, lo cual pasa por acabar con el desigual reparto entre las redes del alumnado de entornos desfavorecidos entre las dos redes y aportar recursos a aquellos centros que más lo necesitan. Así, de cara a lograr una escolarización más “equilibrada e inclusiva” se recoge la posibilidad de crear oficinas de escolarización territorial para tramitar las solicitudes de matriculación. Educación también apuesta por reforzar el liderazgo de los equipos directivos y por mejorar la formación de los docentes. El texto también contempla distintas medidas para asentar la digitalización de los centros, la formación en nuevas metodologías docentes y la cultura de la evaluación.

Por su parte el sindicato LAB criticó que la propuesta presentada por la consejera “está pensada para encajar en la legalidad española y no vale para resolver los principales retos que tiene la educación” en Euskadi. A su juicio, la nueva normativa “se debe hacer con la participación y el acuerdo de la comunidad educativa, sin aceptar las imposiciones del Estado”.

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