Opinión

La legalidad vigente

Por Mikel Arana - Sábado, 23 de Junio de 2018 - Actualizado a las 07:53h

Mikel Arana

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Es cierto que aún no ha pasado tiempo suficiente como para poder juzgar al nuevo gobierno de Sánchez más que por sus gestos, por lo que a estos habrá que atenerse. De hecho, gesto fue que la primera entrevista que concedió en calidad de presidente del Gobierno la hiciera a la más que discutida pero aún pública RTVE, como gesto fue que, sin más explicación, aludiera a un cambio de circunstancias para justificar una modificación en la política penitenciaria en relación con los presos y presas de ETA, dentro, por supuesto, de la legalidad vigente.

Y como gesto habremos de interpretar asimismo el hecho de que el primer acto público del nuevo ministro de interior, Fernando Grande-Marlaska, fuera el de reunirse con las asociaciones de víctimas del terrorismo de ETA para garantizarles que cualquier movimiento en relación con los presos de la banda iba a estar circunscrito, también, a la legalidad vigente.

Tras ambas afirmaciones lo primero que a uno se le viene a la cabeza es cuestionarse la propia legalidad vigente. ¿Cómo se puede ubicar el acercamiento dentro de la legalidad vigente y al mismo tiempo haber mantenido la política de dispersión durante décadas, y todo, sin que haya habido ningún cambio legal? La respuesta parece sencilla, la legalidad vigente sirve para un roto y para un descosido. Y por más que haya una normativa en vigor, ya sea estatal, ya sea europea, que afirme que las personas presas tienen que estar cerca de sus entornos para facilitar su reinserción, si hay circunstancias que desde el punto de vista político recomiendan el alejamiento, este no necesariamente vulnera la legalidad.

Así las cosas, de la misma manera en que es legal encarcelar a los condenados por la agresión de Alsasua y al mismo tiempo excarcelar a La Manada (por muy despreciable que nos parezca) a cambio de 6.000 euros de fianza, es legal tener a un preso a 1.000 km de su casa, pero también lo es trasladarlo a 35 km de la misma.

He aquí, de hecho, la mayor dificultad del Gobierno para acometer el final de la política de alejamiento de los y las presas de ETA: convencer a la opinión pública española de que donde dije digo, digo Diego, y que lo que antes era pacto de Estado, ahora ya no lo es, y todo, sin mover una coma de la ley y dentro de la legalidad vigente.

La política, en origen de dispersión, ahora ya simplemente de alejamiento, aunque nunca se ha visto cuestionada desde el punto de vista de la legalidad, es evidente que fue fruto de una decisión política, por lo que acabar con ella también lo será por más que se quiera vestir de un ajuste a la legalidad.

De ahí, precisamente, que las asociaciones de víctimas hayan amenazado con salir a la calle si tal cambio de política, efectivamente, se da. Ya que, por más que Marlaska se empeñe, la legalidad le ampare y en Euskadi sea algo que parece que llega tarde, salvo excepciones, las asociaciones de víctimas, en lo relacionado con la política penitenciaria, siempre han sido más de venganza que de reinserción, así que se equivoca el gobierno de Sánchez si cree que puede contar con el visto bueno de Covite o de la AVT para cambiar de política por más guiños que les haga.

Sin embargo, y he aquí el quid del asunto, las víctimas merecen reconocimiento, respeto y reparación, no dirigir la política del gobierno en relación con los presos y presas de ETA. Esperemos pues que más pronto que tarde Sánchez cumpla con su palabra y el acercamiento, dentro de la legalidad vigente, por supuesto, sea una realidad.

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