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Madrid y Catalunya se sondean para recuperar las leyes vetadas

El PSOE llevará el debate al terreno autonomista, y JxCat fija su objetivo final en el referéndum

Míriam Vázquez - Sábado, 9 de Junio de 2018 - Actualizado a las 06:01h

El expresident catalán Carles Puigdemont, con su sucesor, Quim Torra, en una anterior comparecencia.

El expresident catalán Carles Puigdemont, con su sucesor, Quim Torra, en una anterior comparecencia. (AFP)

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El expresident catalán Carles Puigdemont, con su sucesor, Quim Torra, en una anterior comparecencia.

BILBAO. El Gobierno español de Pedro Sánchez ha levantado el control financiero sobre Catalunya para generar un clima de confianza que permita abordar en las próximas semanas un diálogo con el Govern de Quim Torra. Los socialistas quieren llevar las negociaciones al ámbito puramente autonomista y de mejora del autogobierno. Todas las miradas están en 45 de las 46 reivindicaciones (no todas, porque una de ellas es el referéndum de independencia) que le planteó el expresident Puigdemont a Mariano Rajoy en abril de 2016. Lo que sí dijo Sánchez de manera expresa en el discurso de la moción de censura es que tratará de recuperar las leyes del Parlament que han sido congeladas por el Tribunal Constitucional y que abordaban cuestiones sociales como la pobreza energética y el acceso a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión, un punto que permite al PSOE construir un discurso social y moverse con comodidad en sus conversaciones con Torra. Los soberanistas no rechazan abordar estas cuestiones, pero dejan claro que no son su meta. Su posición se resume en que apuestan por el diálogo sin condiciones y sin límites, lo que se traduce en que abordarán los debates autonomistas, pero sin renunciar al derecho a decidir.

A la espera de la próxima reunión al máximo nivel entre Torra y Sánchez, el president se reunió ayer con el líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, quien le planteó la posibilidad de recuperar las leyes sociales recurridas por Rajoy y el listado de reivindicaciones de Puigdemont. JxCat se abrió a dialogar en estos parámetros. También ayer, el expresidente de la ANC encarcelado, Jordi Sànchez, publicó varios mensajes a través de Twitter en los que avisó de que cualquier solución pasa por las urnas, en referencia al derecho a decidir, pero al mismo tiempo reconoció que “hará falta mucho tiempo, años, para acomodar los intereses constitucionales de España y los intereses legítimos de Catalunya en el ejercicio del derecho de autodeterminación” y que, mientras tanto, se pueden ir abordando otros retos, pero sin renunciar a la meta. “Las estaciones de paso pueden ser varias, pero no hay solución sin que las urnas hablen”, zanjó.

Para los soberanistas, estas conversaciones deben ser un proceso gradual hacia su objetivo final, y también piden gestos para acercar a los líderes encarcelados. El socialismo espera que los sectores más pragmáticos del PDeCAT entren a negociar una reforma constitucional. Antes del referéndum del 1 de octubre y de las cargas policiales del Estado, sobrevoló la posibilidad de una tercera vía basada en una mejora de la financiación catalana, el blindaje de su lengua en las escuelas y un mayor autogobierno. En los últimos tiempos, esa posibilidad se ha complicado, y en distintos sectores del soberanismo aseguran que esa pantalla está superada.

Los 46 puntos que presentó Puigdemont a Rajoy tienen mucho que ver con esa tercera vía. Al margen del referéndum, reivindicaba una mejora en la financiación autonómica, el traspado de las nueve competencias pendientes, la cesión del 0,7% del IRPF, la relajación de los objetivos de déficit, una mayor financiación de la Ley de Dependencia, un compromiso con las infraestructuras del territorio, y el préstamo por parte del Estado del Fondo de Liquidez Autonómica a un interés cero, entre otras cuestiones. Muchas de las reivindicaciones tienen que ver con la economía por la complicada situación que ha atravesado la tesorería catalana en los últimos tiempos, además de enlazar con su histórica queja sobre el agravio fiscal que supone aportar al Estado millones de euros en impuestos que no se traducen después en una inversión similar en Catalunya. También figuraban otras peticiones más políticas y simbólicas como la capacidad de Catalunya para ejercer su acción exterior, y la devolución de los papeles de Salamanca.

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