Plan Director de Vivienda

El Parlamento Vasco se inclina por avivar el mercado del alquiler

Arriola insiste en estudiar la aplicación de una fiscalidad propia para las políticas de vivienda

J. Fernández - Sábado, 2 de Junio de 2018 - Actualizado a las 06:00h

Viviendas de VPO en régimen de alquiler en Eibar.

Viviendas de VPO en régimen de alquiler en Eibar. (Foto: Javi Colmenero.)

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Viviendas de VPO en régimen de alquiler en Eibar.

Bilbao- Por segunda vez en el plazo de dos meses en sede parlamentaria, Iñaki Arriola trasladaba a los grupos políticos las líneas principales del Plan Director de Vivienda con el propósito de recoger sus aportaciones a este documento que pretende ser un punto y aparte en el modus operandi del Gobierno vasco en lo referido a vivienda pública. Más alquiler (todo a partir de 2020), más ayudas a la rehabilitación, más facilidades para que la juventud pueda acceder a un piso...

De todo un poco con el propósito de hacer valer la función social de la vivienda y, al mismo tiempo, estimular el mercado del alquiler. Finalmente, casi medio centenar de sugerencias fueron consensuadas entre las formaciones para ser incorporadas y desarrolladas en ese Plan Director. La mayoría, con epicentro en el conjunto de la CAV, aunque también se apostó por apremiar al Gobierno de España a modificar normativas como la Ley de Arrendamiento Urbano.

Así lo hizo hace unos días el consejero y así lo hicieron ayer los grupos políticos, partidarios de asociar el recibo del alquiler al IPC “para controlar subidas especulativas”. La mayoría de las sugerencias aprobadas estaban firmadas por el tándem en el gobierno. Jeltzales y socialistas, por ejemplo, dieron luz verde a solicitar a la Administración española esa modificación de la normativa para evitar ese enriquecimiento.

También salió adelante otra de Elkarrekin-Podemos para hacer un informe sobre el impacto de los pisos turísticos en los precios de alquiler. Y se acordó por unanimidad la realización de otro informe que profundice en cómo utilizar la política fiscal para estimular el alquiler y la rehabilitación de viviendas, y para incentivar la incorporación de nuevos pisos al parque de vivienda protegida. El documento deberá ser remitido en el plazo de 6 meses al Órgano de Coordinación Tributaria (OCT) que analizará las posibilidades reales de poner en práctica las conclusiones del mismo teniendo en cuenta que la capacidad para legislar en materia fiscal recae en las diputaciones forales.

El propio consejero Arriola expresaba en el transcurso de su intervención la conveniencia de dar una vuelta al sistema actual y, en vez de hablar de política fiscal relacionada con la vivienda empezar a considerar una fiscalidad específica para las políticas de vivienda. Todos los grupos respaldaron otra propuesta de la formación morada de reclamar los medios necesarios para evitar desahucios o ejecuciones hipotecarias de familias con menores de edad. También por unanimidad y a propuesta de EH Bildu se aprobaba que la transición de la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) a la Prestación Económica de Vivienda (PEV) -como se deriva de la aplicación del derecho subjetivo a la vivienda- nadie quede atrás y que a las personas que perciben la primera se les reconozca automáticamente el derecho a recibir la segunda.

La Comisión de Vivienda también se mostró favorable a la petición de nuevas actuaciones encaminadas a que los mayores de 65 años y personas con discapacidad puedan vivir de manera independiente a través por ejemplo de pisos con servicios compartidos;y a que se mejore la accesibilidad de sus pisos para que puedan permanecer en ellos “el máximo tiempo posible”, describía Nerea Llanos (PP). Este modelo de “viviendas colaborativas” [cohousing] se promoverá también entre la juventud, que también dispondrá de un cupo de “reserva preferente” en las promociones.

Y entre las propuestas de resolución acordadas -fueron presentadas más de un centenar- también se abordaron algunos puntos de la Ley vasca de Vivienda suspendidos por el Tribunal Constitucional. PNV, PSE y Elkarrekin Podemos pactaron pedir al Gobierno vasco “que defina los procedimientos necesarios y realice todas las acciones precisas para que, en el momento en que el Constitucional levante la suspensión vigente”, se ponga en marcha el registro de viviendas deshabitadas previsto en la Ley vasca de 2015. Y el decreto que desarrolla el derecho subjetivo de acceso a la vivienda se prevé que estará listo para el primer cuatrimestre de 2019.

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